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@OscarCoLatino
José Palma, viagra juez de Paz de Antiguo Cuscatlán, ordenó el desalojo de 86 familias que por años habitaron parte de la finca El Espino. Dicho terreno es propiedad de la familia Dueñas Herrera, la que reclamó ante el juzgado el proceso para el desalojo de los habitantes del mismo.
Los afectados explicaron que se suscribió un convenio con la familia propietaria del inmueble, en el que se comprometía junto con la cooperativa de la finca a gestionar un terreno para su reubicación.
Sin embargo, las familias externaron que este convenio fue irrespetado por la familia Dueñas Herrera, ya que en 1999 negoció junto a directivos de la cooperativa el traslado de algunas familias, dejando de lado a los ahora afectados por el desalojo ordenado por el juzgado.
Las familias afectadas habitan un terreno que fue permutado entre el gobierno y la familia Dueñas Herrera, por lo que entregó inmuebles de su propiedad y que estaban libres de ocupación, los cuales fueron utilizados para la construcción del bulevar Monseñor Romero.
El reclamo de la familia propietaria del inmueble se basa en el supuesto compromiso del gobierno y de la cooperativa de trasladar a las familias que ocupaban los inmuebles permutados.
Sin embargo, los afectados coinciden en que directivos de la cooperativa fueron los beneficiados directos con el convenio, ya que recibieron onerosos beneficios económicos de la venta de los inmuebles a los que hace años debieron ser trasladados.
“Ahora no tenemos a dónde irnos, nos dijeron que nos podíamos movilizarnos para detrás del polideportivo, pero ese es un terreno ilegal, porque está protegido, es una zona forestal, no la podemos habitar”, aseguró Morena Inglés, afectada por el desalojo.
Los afectados aseguraron que no se les notificó del desalojo, ya que el juez se presentó a las 5:00 a.m para decirles que tenían una hora para desalojar sus viviendas, por lo que exigían un prórroga de varios días para desalojar sus hogares.
Su petición no fue escuchada por el juez Palma, quien procedió al desalojo de los “invasores” por lo que hombres ingresaron con cajas a las comunidad para sacar las pertenencias de las familias. Ante esto los afectados protestaron bloqueando el paso vehícular en la calle El Pedregal.
Hasta el cierre de ésta nota, no se había procedido al desalojo debido a que el juez consideró “poca colaboración” de la Policía Nacional Civil (PNC), por lo que externó que si la institución no enviaba más elementos, podría levantar un acta explicando que se suspendió el procedimiento por “desobediencia” y “negación de auxilio”.
Gobierno promete ayuda
El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén buscará una solución para no dejar desamparadas a las familias de la comunidad El Espino que por orden judicial están siendo desalojadas de un terreno privado.
En este procedimiento, el gobierno no tiene ninguna responsabilidad y la Policía Nacional Civil (PNC) ha mantenido su presencia en estricta atención a una orden judicial emanada como parte de un viejo litigio contra la comunidad de cortadores de café que habita estos terrenos de la finca El Espino.
A las familias afectadas les expresamos nuestra solidaridad, les ofrecemos acompañamiento y les aseguramos que trabajaremos en la búsqueda de una pronta solución en el marco de sus derechos.
