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Irregularidades ascienden a 5.1 millones en dos hospitales durante periodo de Maza Brizuela

Samuel Amaya
@SamuelAmaya98

Al Tribunal Tercero de Sentencia llegó el exministro de Salud, Guillermo Maza, junto a otros diez exfuncionarios, acusado por presuntas negociaciones ilícitas. Ayer se tenía previsto que el Tribunal brindara la resolución de la petición de extinción de la acción penal y se instalara el juicio en contra de los involucrados.

El abogado de Lisandro Quintanilla había solicitado el lunes la extinción de la acción penal por considerar que los delitos prescribieron en el 2015. Finalmente, los jueces del Tribunal decidieron pasar dicha petición a la Cámara Tercera de lo Penal.

Mario Machado, abogado defensor del exministro de Salud, dijo que la resolución que da lugar a la petición del Lic. Quintanilla, fue resuelta por el tribunal.

Dicha resolución establece “diferir hasta el final de la vista pública el incidente de prescripción planteado. Sin embargo, en la misma resolución, en el último literal dice que lo va elevar inmediatamente a la Cámara sin más trámite alguno”.

“Respecto a ese punto es sumamente complicado que el proceso se instale si se van a ir las actuaciones de una de las personas procesadas a la Cámara, automáticamente pierde jurisdicción el Tribunal porque va a tener que estar conociendo la cámara”, expuso Machado.

El abogado defensor del extitular de Salud, lamentó que la Fiscalía haya presentado un recurso para que se les brinde más tiempo de preparación en la investigación. “Fiscalía presentó un recurso el jueves pidiendo la suspensión de la audiencia alegando que no tienen los elementos probatorios recopilados y que quiere, además, estudiar el expediente”.

Según dijo Machado, este caso lleva alrededor de 11 años y a lo largo, han tenido “6 o 7” fiscales en Sala y de ellos, “hay 2 o 3” fiscales que han participado en este proceso desde el día uno. Por lo tanto, no concuerdan sobre la petición, después de diez años, enfatizó el abogado ante la petición de la Fiscalía de volver a revisar los expedientes.

A los imputados se les acusa de estafa agravada, falsedad ideológica en la reconstrucción de los Hospitales San Pedro en Usulután y el de Santa Gertrudis en San Vicente, esto, en el año 2001.

La Fiscalía General de la República aseguró que los procesados habrían cometido los delitos que se les atribuye en irregularidades detectadas en la construcción del hospital de San Vicente por un monto de $1,052,043.77 y otros $4,090,052.80 en la construcción del hospital de Usulután para un total de $5.1 millones.

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