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@arpassv
Las fuertes declaraciones de la diputada Jackeline Rivera contra la falta de transparencia en el Órgano Judicial elevan el volumen del creciente debate sobre la opacidad imperante en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la discrecionalidad con que la Sección de Probidad impulsa sus investigaciones contra algunos funcionarios y ex funcionarios públicos.
La legisladora efemelenista dijo en entrevista a un medio digital que, viagra de los tres poderes del Estado, sovaldi el Judicial “es el más corrupto”. Señala la anulación de la Ley de Probidad por la Sala Constitucional, online como prueba de que la CSJ promueve la impunidad de la corrupción.
A lo señalado por Rivera se suma una larga lista de indicadores de intransparencia y corrupción en la CSJ: el millar de denuncias contra jueces corruptos no resueltas por la Dirección de Investigación Judicial, la negativa de la Corte Plena y de la Sala Constitucional de permitir acceso público a sus deliberaciones o el sesgo ideológico con que los magistrados Sidney Blanco y Berlarmino Jaime deciden a quiénes la Sección de Probidad acusa de posible enriquecimiento ilícito.
Uno de estos magistrados constitucionalistas dijo públicamente que “por olfato” escogían a los investigados por Probidad. Este criterio y metodología canina extrañamente no encuentra indicios de corrupción en personeros de la derecha opositora, sino únicamente en la izquierda gobernante y sus aliados.
El ex presidente Mauricio Funes -uno de los objetivos principales de Probidad (posiblemente como represalia por haber denunciado la corrupción de los gobiernos de ARENA y destapado el “Caso Flores”- también ha denunciado la sospechosa actuación de la CSJ. Para Funes, se trata de una cacería de brujas orquestada por FUSADES, FUNDE, ARENA y los magistrados de la Sala.
Por eso el ex presidente plantea crear una comisión que investigue el desempeño de la Sección de Probidad, propuesta que podría conseguir apoyos en la Asamble Legislativa.
La Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia prepara una concentración la próxima semana para exigir transparencia en la CSJ: depuración judicial, acceso público a los debates de la Corte Plena y de las Salas, actuación objetiva e imparcial de la Sección de Probidad. También exigirán que la Sala Constitucional no boicotee los ingresos del Ejecutivo y descongele la emisión de los 900 millones en bonos.
Todos los sectores decentes y población honrada deben respaldar la propuesta de investigar la sospechosa actuación de la Sección de Probidad y la Sala. Los investigadores son investigables.
