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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
El Colectivo de Organizaciones “Salvemos Valle El Ángel” con acompañamiento de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), presentó ayer en la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad en contra de un convenio suscrito entre la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y la empresa inmobiliaria Urbánica, propiedad de la familia Dueñas.
El referido convenio supuestamente otorgaría facilidades a la empresa de la construcción para explotar el recurso acuífero de la zona norte del departamento de San Salvador, mediante la construcción de pozos para abastecer el megaproyecto urbanístico Ciudad Valle El Ángel, el cual constaría de 8,000 viviendas, edificios de oficinas y centros comerciales en un área de 326 manzanas.
Voceros del movimiento explicaron que el referido convenio atenta contra el artículo 120 de la Carta Magna, puesto que ANDA carece de la facultad para otorgar facilidades o concesiones para la explotación de un bien público, siendo la Asamblea Legislativa en pleno la que debe decidir sobre el otorgamiento de derechos de explotación.
“ANDA ha usurpado atribuciones de la Asamblea Legislativa al entregar una concesión sin tener facultades en su ley de creación, para eso ANDA solo debe administrar sistemas de abastecimiento de agua”, dijo Carlos Flores, miembro del Foro del Agua El Salvador. Flores detalló que el pacto fue suscrito durante la administración de Marco Fortín, y la autónoma se comprometía a otorgar hasta 200 litros de agua por segundo a la empresa. El activista añadió que en la actual gestión de ANDA aumentó el pasado 22 de junio la disponibilidad del vital líquido a la empresa, pasando de ser de 200 a 240 litros por segundo.
“Más de 21 millones de litros de agua al día se le están entregando a la familia Dueñas, con esa cantidad de agua se le puede resolver el problema de suministro a más de 400,000 personas en el área metropolitana de San Salvador; además de ser irregular esto es inmoral”, dijo el portavoz del movimiento.
Ariela González representante de FESPAD exhortó a la Sala de lo Constitucional, a que convenios como el firmado entre la ANDA y Urbánica no deben estar exentos del control constitucional, puesto que allanan el camino para que la empresa privada haga uso indiscriminado del agua. “Esto nos parece alarmante en el marco de la crisis hídrica que nuestro país está viviendo; este tipo de convenios son una forma de privatización del agua”, comentó.
Representantes de comunidades afectadas manifestaron que el área de construcción del megaproyecto urbanístico impactaría gravemente en el suministro de agua potable a la capital y su periferia, debido a que la zona es considerada como de importante recarga hídrica para los mantos acuíferos.
