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Redacción Nacionales
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Habitantes de la comunidad San Francisco Angulo en Tecoluca, San Vicente, en acompañamiento de organizaciones sociales, interpusieron un aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) por el posible cometimiento de delito relacionados a actos arbitrarios, ya que en la comunidad se ejecutó un despliegue policial de aproximadamente 100 elementos para garantizar el ingreso de la maquinaria pesada a la zona del relleno sanitario.
Fran Omar Rodríguez, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), señaló que el posible cometimiento de delito está regulado en el artículo 320 del Código Penal, que habla de Actos Arbitrarios. “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”, señala el artículo.
Lo anterior porque el lunes, durante la tarde, aproximadamente 100 efectivos policiales ingresaron a la comunidad para garantizar el acceso de la maquinaria pesada a la zona del relleno sanitario. Las autoridades le dieron la espalda a la comunidad que venía luchando desde hace años para evitar la construcción del relleno sanitario ya que el proyecto provocaría daños al medioambiente y a la vida misma de los habitantes.
La Policial Nacional Civil, lejos de servir y proteger a la comunidad, amenazó con detener a los habitantes si se oponían al ingreso de la maquinaria. “La policía llegó con amenazas, con armas de alto calibre, a amedrentar e intimidar a la gente de la población, principalmente a la población que vive en condiciones de vulnerabilidad, que son niñez y personas de la tercera edad, que son personas en condiciones vulnerables”, expresó Fran Omar.
René Alfaro, habitante de la comunidad relató lo sucedido la tarde del lunes, cuando un fuerte operativo policial llegó a su comunidad para acompañar el ingreso de maquinaria “que destruye nuestro territorio, zona, tierras y, por ende, destruirá nuestras vidas”.
Alfaro indicó que pretenden hacer pública la denuncia para que la población conozca lo que pasa en la comunidad. Lamentó que instituciones como la PNC respalden a la empresa mexicana y no los habitantes. “Ellos (los policías) iban con todo el poder para reprimir a la comunidad, que, si en algún momento se resistía, ellos ya iban preparados con armas y camiones para echar (sic) a todos los que se resistieran y arrestarlos”, dijo.
“No les importó que la comunidad estuviera luchando por sus derechos, el derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente sano”, agregó.
Alfaro reiteró que la comunidad es pacífica y, para evitar que habitantes fueran detenidos y afectar a sus familias directamente, permitieron que la maquinaria ingresara. “No sabemos en qué pudo haber terminado, gracias a Dios, nuestra comunidad es pacífica y decidieron mejor que entrara la maquinaria, sabiendo que solo era una batalla, pero que todavía podemos continuar”.
La comunidad también denunció que la Alcaldía de San Vicente Sur y los jefes de distrito de Tecoluca habrían manipulado a personas externas de la comunidad para que llegarán a hacer desórdenes a la comunidad.
Las autoridades no respetaron lo que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) emitió en 2018, donde prohibía la construcción de un relleno sanitario en la zona. Sin embargo, la Asociación de Municipios de los Nonualcos y la empresa CYEEMSAL “se han empeñado en destruir el medio ambiente en la zona”, agregó Francisco Omar Rodríguez, dirigente del BRP.
Esa misma amenaza había hecho que la gente de la comunidad estuviera garantizando el pleno ejercicio de sus derechos y que no se contaminara la zona. El Movimiento por la Defensa de la Tierra y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular también se pronunciaron sobre la situación de San Francisco Angulo y condenaron el actuar de la institución policial.
“La presencia masiva de fuerzas policiales es un abuso que no debe normalizarse como mecanismo de gestión de conflictos socioambientales. La defensa del territorio, del agua y de la memoria histórica no constituye delito, constituye un ejercicio legítimo de derechos. Este sobredimensionado operativo frente a una población que ha ejercido métodos de resistencia pacífica, escala la utilización del aparato coercitivo del Estado para favorecer intereses empresariales privados en detrimento de los derechos humanos, ambientales y territoriales de las comunidades”, comentaron las organizaciones.
El Movimiento y el Bloque señalaron que CYEEMSAL actuó con “evidente oportunismo” al introducir maquinaria pesada en un territorio que cuenta con antecedentes históricos, ambientales y jurídicos sensibles y bajo medidas cautelares emitidas por la PDDH en 2018.
El sitio intervenido, de hecho, es reconocido como un lugar donde reposan restos de personas asesinadas por la Fuerza Armada de El Salvador durante el conflicto armado, lo que convierte esta acción en una grave falta de respeto a la memoria histórica y a la dignidad de las víctimas.
María Inés Dávila, docente e investigadora de la UES, señaló que “es alarmante que el proyecto empresarial se imponga sin consultas ciudadanas legítimas, sin procesos de información pública adecuados y sin que se hayan presentado estudios de impacto ambiental actualizados y verificables”.
Las comunidades y las organizaciones hacen el llamado a la FGR para que investigue el accionar de la PNC a favor de la empresa y en contra de los derechos de la comunidad. También, pidió transparencia sobre permisos y estudios ambientales, respeto a la memoria histórica y a los sitios vinculados a graves violaciones de derechos humanos, garantías efectivas de la protección del equilibrio ecológico y del bien hídrico, así como el retiro inmediato de la maquinaria pesada que arrasa con los ecosistemas del territorio.
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