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Inician exhumaciones de la masacre de Cerro Pando

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

“Esa es la esperanza que tengo de encontrarlos y darles santa sepultura”, dijo Mariano Méndez, quien ha tenido que esperar 41 años para encontrar los restos de sus madre, padre y siete hermanos, cuando vivían en una de las montañas del cantón El Barrial, Cerro Pando, municipio de Meanguera, Morazán.

El cantón Cerro Pando se encuentra a 41.2 kilómetros del municipio de Meanguera, en el departamento de Morazán, a una altura de 601 metros. Este cantón es uno de los sitios aledaños a la masacre de El Mozote, ejecutada por un combinado militar y el Batallón Atlacatl, en diciembre de 1981, durante el conflicto armado de los años ochenta y que ha sido calificada como la más “mortífera” del siglo XX.

El proceso de exhumación que inició el pasado lunes 18 culmina el 29 de julio. Personal del Instituto de Medicina Legal Inspecciones Oculares de la Policía Nacional Civil (PNC) , Fiscalía General de la República (FGR) y representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), se encuentran en el proceso judicial.

La diligencia fue por ordenada por la jueza de instrucción Mirtala Portillo, del Juzgado de San Fracisco Gotera, Morazán, que tiene a cargo el Caso de la Masacre de El Mozote, desde la reforma a la carrera judicial que obligó al Juez Jorge Guzmán a renunciar por la decisión arbitraria tomada por la Asamblea Legislativa, que cesó de funciones a un tercio de los jueces del país.

De sus recuerdos, ahora siendo un adulto mayor, Mariano Méndez expresó: “Había salido un día antes, sábado, para Osicala, cuando vinieron y los asesinaron aquí”, recordó. La masacre de El Mozote y lugares aledaños terminó con la vida de 986 personas de las cuales 552 fueron niños y niñas, así como 434 adultos y 12 mujeres embarazadas, ejecutada entre el 10 al 12 de diciembre de 1981.

La masacre de El Mozote y lugares aledaños, terminó con la vida de 986 personas de las cuales 552 fueron niños y niñas, así como 434 adultos y 12 mujeres embarazadas, ejecutada entre el 10 al 12 de diciembre de 1981. Foto Diario Co Latino/Cortesía.

El representante de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en Morazán, Levis Abarca, señaló que su institución tiene como principio fundamental el cumplimiento de los derechos humanos de la población y, por tanto, estaban presentes en el proceso de exhumación precisamente para dar acompañamiento a Mariano Méndez.

“En el contexto del conflicto armado a don Mariano Méndez, le fueron asesinados nueve miembros de su familia, y en ese sentido se abocó a la institución y desde ahí se hizo el levantamiento documental a través del delegado departamental y su equipo jurídico”, explicó.

“Y es así como, en coordinación interinstitucional como la Fiscalía General de la República que está haciendo un trabajo muy importante para el esclarecimiento de la verdad en el contexto del conflicto armado es que estamos acá en esta diligencia”, afirmó.

No obstante, diligencias judiciales como el acceso a los archivos militares de esa época, que solicitó en su momento el Juez Jorge Guzmán, siendo magistrado de Instrucción en San Salvador, fue infructuoso por la negativa del presidente Nayib Bukele, así como el ministro de Defensa, René Francis Merino, entre octubre y noviembre del 2020.

Mariano Méndez acudió a la PDDH en Morazán, hace seis meses y luego de brindar su testimonio y aportar información se realizó el proceso judicial y ahora solo espera encontrar los restos óseos de 9 de sus familiares, víctimas de guerra civil en la década de los años ochenta.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en Morazán, esta presente en el proceso de exhumación, en el Divisadero. Foto Diario Co Latino/Cortesía.

Mientras, Roberto Martínez, representante de la PDDH informó también de otros procesos de confrontación de datos de familiares de las víctimas a través, de partidas de nacimiento que afirmó “era la manera de verificar que las personas existieron”, también retomaron las partidas de defunción en el caso que las posean y trasladar toda esa información la Fiscalía General de la República.

“La Fiscalía General de la República es el ente constitucionalmente establecido para la investigación de estos delitos y tiene una unidad especializada que investiga estos casos del conflicto armado y que son delitos que no prescriben porque son de lesa humanidad”, subrayó Martínez.

En cuanto a los costos de los documentos requeridos como partidas de nacimiento o defunción, Martínez  reiteró “que no deben incurrir en ningún gasto los familiares de las víctimas que sobrevivieron.

“Acuérdese que por la coyuntura histórica se convirtieron en víctimas del propio Estado, entonces, no deben pagar ninguna exhumación, ni la investigación mucho menos, ni tampoco debe significar gasto sacar una partida de nacimiento o defunción. Que son documentos los hechos y tienen derecho a la verdad y dar una digna sepultura de sus familiares y sobretodo la reparación”, puntualizó.

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