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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Fiscalía General de la República siguió el allanamiento en la Asamblea Legislativa para recabar información sobre las múltiples denuncias que circularon en redes sociales y por declaraciones de diputados miembros de Junta Directiva sobre las supuestas “plazas fantasmas” en el Congreso.
En su segundo día del allanamiento, el presidente de la institución que ahora está involucrada en una investigación, Mario Ponce señaló que la FGR tendrá que desarrollar su trabajo hasta cuando ellos lo determinen para tratar de recabar pruebas y poder hacer el análisis correspondiente, y así concluir si existe un nivel de responsabilidad.
También, afirmó que en dicho órgano de Estado no entorpece ninguna investigación, por lo contrario, se pone a disposición las unidades para que la Fiscalía pueda recabar las pruebas, expuso.
El presidente Ponce también expresó que algunos diputados solicitaron la no marcación de algunos empleados y es debido al trabajo que desarrollan.
La Fiscalía ha centrado las investigaciones en dos áreas, en la gerencia de recursos humanos y la administrativa financiera, ambos departamentos pertenecen al área institucional de la institución. “Como todo se concentra en recursos humanos, por ahí pasan también las planillas para los grupos parlamentarios, por tanto, es correcto que la Fiscalía esté concentrada en esa área”, planteó Ponce.
Aseguró que el jefe de recursos humanos le está dando toda la información a la FGR para que investigue y determine si existen las plazas fantasmas. “El punto acá es a qué le llamamos plazas fantasmas (…) debo entender que la plaza fantasma es una persona que no existe, pero la plaza si existe, y alguien la está cobrando, pero este no es el caso”, afirmó Ponce
El presidente comentó que las palabras “plaza fantasma” no debería de usarse, debería ser “personas que han sido contratadas y que cobran el salario, pero no le dan un servicio directo a la institución o habría que ver qué servicio le brinda al grupo parlamentario”.
Lo anterior, ya que si un empleado le brinda su servicio a un grupo parlamentario territorialmente, es un trabajo para la institución, “porque el trabajo de la institución no solo es acá en el recinto legislativo, es en todo el país, sino, no existieran esas oficinas departamentales”, comentó Ponce.
Respecto a la orden de juez que presentó la Fiscalía para allanar la Asamblea, Ponce sostuvo que en el documento no está explicado qué áreas el ministerio público iba a revisar. Sin embargo, aseguró que están en plena disposición de colaborar, ya que de eso de trata un “órgano de Estado por excelencia”.
Reynaldo Cardoza, del PNC y miembro de junta directiva, dijo que la tarea de la Fiscalía es investigar “si existen esas plazas que respondan las personas que tiene esas plazas”. El pecenista negó el conocimiento de dichas plazas.
Cardoza señaló que los expresidentes que han estado en junta directiva tenían un acuerdo para contratar personal a discreción, es decir, que solo la Junta Directiva los conocía.
“Actualmente, el presidente Mario Ponce actúa con conocimiento de toda la JD, creo que es el único presidente que ha tenido la contracción de plazas que lo ha hecho toda los miembros, de lo contrario, los otros expresidentes tuvieron el acuerdo a discreción.
Fiscalía en la Asamblea
Mientras que el director de la Unidad Contra la Impunidad llegó por segunda ocasión al recinto legislativo a inspeccionar cómo se desarrolla el allanamiento. Germán Arriaza dijo que están analizando un posible delito que podría se peculado o de actos arbitrarios.
Arriaza puntualizó que se está investigado el fenómeno de las plazas fantasmas en la Asamblea, y comentó también que no se puede basar en tiempos, sino que en hechos, esto al preguntarle sobre sí también se estaría investigando las administraciones anteriores (Norman Quijano y Guillermo Gallegos). Además, afirmó que solicitaron 72 horas más para realizar la diligencia.
“Hemos encontrado documentación y equipo informático que nos abonan en la investigación”, detalló Germán Arriaza, mientras que siguen recabando información de tipo pericial, documental, testimonial, e informática. Destacó la labor de los empleados legislativos, ya que según él, ha existido mucha colaboración.
También aseguró que no están interrumpiendo el trabajo administrativo de los empleados legislativos, ya que los allanamientos se centran en las gerencias de recursos humanos y la gerencia administrativa financiera y si encuentran alguna relación de esas gerencias con otras, la investigación se podría ampliar, pero no están obstaculizando el trabajo normal de la Asamblea Legislativa.
Además, en el segundo día de allanamiento llegaron hasta algunas fracciones legislativas como parte del proceso de investigación. Pero de una forma general, ya que así lo establece el protocolo de la investigación, pero no descartan que profundicen en ellos. El equipo fiscal se mantiene en una jornada ininterrumpida, es decir, el trabajo fiscal es 24/7 y los relevos lo hacen de persona a persona.
Por último, se le cuestionó sobre las personas que pueden haber estado involucradas en estas supuestas irregularidades dentro de la Asamblea Legislativa, ante ello, Arriaza expresó que la investigación tiene varias etapas: “En la etapa previa de la investigación (se) analiza conductas, a esas conductas se les hace juicios de tipicidad para determinar si se adecuan o no, en un determinado delito, posterior se hace un análisis de posibles personas que podrían tener participación en los mismos”.
La Fiscalía se mantendrá hasta el lunes para secuestrar documentos si así lo consideran necesario para la investigación.
