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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Hemos representado un recurso de inconstitucionalidad y es claro que con el primer régimen de excepción que se aprueba a finales de marzo (domingo 27) el gobierno fundamentalmente con sus cuerpos de seguridad ha desarrollado un proceso de capturas masivas de personas indistintamente hayan o no cometido delitos”, explicó un grupo de abogados que presentaron la apelación ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
En el documento presentado por el grupo de abogados reitera que era “importante limitar la discrecionalidad que tienen los cuerpos de seguridad para realizar las capturas”, al indicar que muchas de las personas capturadas no han cometido ilícitos.
Aclaran que su objetivo como abogados de la república es que los cuerpos de seguridad “paren ese proceso de captura y encarcelamiento masivo”, respeto a los derechos humanos.
Desde finales de marzo hasta abril se habrían reportado alrededor de más de 20 mil capturas de salvadoreños y salvadoreñas con sus derechos constitucionales suspendidos. Esto aprobado por la Asamblea Legislativa, a través del Decreto #333 que autoriza el “Régimen de Excepción”, aunque distintas voces de analistas jurídicos han afirman que se ha violentado Tratados Internacionales de Derechos Humanos, del cual el Estado salvadoreño es signatario.
En cuanto a la decisión del gobierno que solicitó estas medidas de restricción en el supuesto de paliar el incremento de homicidios y la violencia delincuencial, en el territorio nacional que se amplió a 30 días más, se sumó la anulación de la LACAP, mientras dura el régimen de excepción.
Los abogados que presentaron el recurso ante la Sala de lo Constitucional coincidieron en señalar que en la lógica del Estado de Derecho este debería respetar el ordenamiento constitucional y legal.
“Debemos entender que en este momento estamos transitando hacia un sistema en donde el derecho no es un elemento que deba respetarse para desarrollar determinadas medidas”, señalaron.
“Y se puede ver, cuando se aprueba una serie de acciones y se limita la aplicación de la ley que controla los procesos de contratación y compra del gobierno. Es decir, la LACAP es una ley que dejó de funcionar desde la pandemia (2020) y en este momento en cada acción que realiza el gobierno la LACAP, no existe”, indicaron.
Sobre la seguridad pública, el análisis de los abogados es que el “Estado de Derecho” ha quedado en entredicho ante el irrespetuoso incumplimiento de los marcos legales y constitucionales que generan la seguridad jurídica de los y las ciudadanas salvadoreñas.
“En este momento, la seguridad jurídica del país ha pasado a ser una quimera, actualmente, pueden detener y lo pueden mandar a la cárcel sin que un juez independiente e imparcial decida”, argumentaron.
“Y sino le simpatiza al presidente (Nayib Bukele) o su grupo político, estas personas puede ser apresadas y es por esta situación es que se reportan, ya que algunos periodistas salieron del país. Y es por eso que muchos políticos de línea distinta al presidente han hecho lo mismo y salieron del país y lo más lamentable, es por esto que muchos salvadoreños huyen del país actualmente”, reiteraron.
