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@JoakinSalazar
Luego de 18 horas de alegatos de las partes y dos horas de retraso del Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, se dio la lectura de la resolución de la audiencia inicial, a partir de la 1:22 de la tarde del domingo.
Esta es la primera etapa del proceso judicial en contra de once personas vinculadas a una supuesta red de corrupción, que manipulaba a instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR) y hasta los tribunales.
Desde el pasado viernes y con muchas complicaciones e inconsistencias de las partes, la Audiencia inicial en contra de Enrique Rais, ex Fiscal General Luis Martínez y el resto de implicados fue instaló; sin embargo, no fue hasta el sábado por la tarde que formalmente la audiencia inició, y terminó ayer con medidas alternas a la detención y libertad Condicional.
Resolución que no fue compartida por la parte Fiscal, y advirtió que interpondrán un Recurso de Apelación, pues a juicio de los fiscales, los imputados cuentan con la capacidad económica para escapar y además coaccionar a los testigos para que el proceso judicial se caiga.
Las medidas alternas a la detención son: no salir del país, presentarse a firmar cada 30 días al Juzgado Séptimo de Instrucción y no mudarse de residencia; situación que causó gran inconformidad en la parte Fiscal e inició una ola de denuncias en contra del sistema judicial en redes sociales.
Además, la Juzgadora interpuso una fianza a todos los imputados. Las cantidades oscilan entre $1,500 dólares y $20 mil dólares, suma interpuesta al empresario Enrique Rais, mientras que el resto entre $10 mil y cinco mil dólares.
De todos los imputados, Luis Martínez, ex fiscal general, quien es acusado por omisión a la investigación y fraude procesal, no obtendrá la libertad; esto debido a que la Fiscalía lo intimó, por el delito de revelación de información reservada, presuntamente con relación a las escuchas telefónicas, proceso que irá a parte del que ya enfrenta.
Alegatos Fiscalía
La Fiscalía expuso las razones por las que inició este proceso, en contra de los imputados, para ello desglosó a través de cuatro casos concretos, que se relacionan entre si y que atribuyen como víctimas al Estado y a Claudia María Herrera, quien la Jueza Séptimo de Paz estableció como víctima subsidiaria. Esta era llamada por él Juez Romeo Aurora Giammattei, acusado de prevaricato, como “la bruja”.
En el proceso de los alegatos fiscales, se conoció que el empresario Rais, a través del abogado Wilfredo Gutiérrez, pagó para la captura de Herrera, la cual se hizo efectiva en las fechas y momentos establecidos en las llamadas telefónicas que estos personajes sostuvieron con el empresario.
En el transcurso de las llamadas, el empresario ordenó la captura de Herrera, incluso, el mismo impuso el juzgado para juzgarla el mismo.
La Fiscalía agregó que el empresario Rais pagó $5 mil dólares al perito de Medicina Legal, Néstor Recinos (imputado ausente) por la creación de un informe psicológico que determinaba “ansiedad”, con la finalidad de fundamentar el daño por las supuestas amenazas hechas por Herrera. En los allanamientos realizados después de la captura, la FGR encontró borradores de los peritos psicológicos, los cuales fueron modificados por los abogados de Rais, “estos demostraban como debían quedar para que imputen el delito de amenazas agravadas a Claudia Herrera”, explicó la FGR.
En uno de los audios, Enrique Rais, se pone de acuerdo con Wilfredo Gutiérrez sonre la cantidad a cancelar al perito de Medicina legal “¿Cuánto va a querer? preguntó Rais, la misma dosis de 5 milímetros, respondió el Abogado Gutiérrez; ¿no es muy caro? dijo Rais, fue lo que le dimos la vez anterior, respondió el Abogado, entonces dale, ordenó Rais”.
Asimismo, la Fiscalía explicó que el Fiscal Julio Arriaza tenía conocimiento de la creación de las pruebas, pero no hizo nada en contra de los imputados; al contrario ordenó que estos sean destruidos, orden que fue ignorada por el encargado del Centro de Escuchas.
Entre los indicios presentados por la FGR se encuentran los audios de una conversación entre el perito y el abogado de Rais. El perito le dijo que el empresario tenía que hacer tres dibujos, una casa, un árbol y una persona, de estas tenía luego que borrarlos, dado que esto demostraba ansiedad y daño por las amenazas.
El “Fiscal Arriaza escuchó los audios del Juez Giammattei, este sonrió y dijo – sabía que Giammattei era pícaro- por lo que ordenó seguir escuchando”, explicó la Fiscalía, sin embargo, nunca ordenó una investigación por este caso.
De la misma forma, los 36 audios, que no pudieron ser escuchados en el proceso inicial, debido a la oposición de la defensa, establecieron que el empresario Rais tenía un grupo a su servicio en el Ministerio Público.
En cuanto a la participación del ex Fiscal General, Luis Martínez, la Fiscalía estableció que el encargado de las escuchas telefónicas pidió a Martínez que judicializara el caso en contra de todos los implicados, sin embargo, este se negó a realizar acto alguno en contra de Rais y los demás.
Al cierre de los alegatos la Fiscalía exigió, por el peligro de fuga y la coacción que estos podrían generar en los testigos del proceso, los dejara en detención provisional y que decrete auto apertura a instrucción; como también que autorice la incautación de elementos probatorios obtenidos en los allanamientos.
Defensa Técnica
Mientras, la Defensa Técnica insistió en la inocencia de los ocho implicados presentes en la audiencia inicial, además del Juez Giammattei quien permanece en un nosocomio.
Parte de la argumentación de los abogados fue la presentación de documentos y los pasaportes, que quedaron en manos del Juzgado Séptimo de Paz, esto para afirmar que no saldrán del país mientras dure el proceso en su contra.
Además, presentaron recibos de agua, energía eléctrica, partidas de nacimientos de sus hijos y actas de matrimonio, de igual manera sostuvieron que ellos no formaron parte de las escuchas telefónicas y que ellos nunca sostuvieron esas conversaciones que se les imputa.
Luis Peña, uno de los abogados de Rais e imputado en el proceso, explicó que los peritajes que tiene Fiscalía con las anotaciones de los abogados no dicen nada; pero, la FGR afirma que esas anotaciones son las que luego cambió el perito de medicina legal.
De igual manera, Wilfredo Gutiérrez afirmó que él no es la persona de los audios, como también dijo que el número no le corresponde a él.
El abogado de Luis Martínez alegó que su vida corría peligro en un centro penal, por la lucha contra las pandillas del país, además entregó también el pasaporte, como prueba que permanecerá en el país. “En los audios nunca mencionan a Martínez”, dijo el abogado.
Julio Arriaza ejerció su derecho a autodefensa y explicó que nunca tuvo conocimiento de estos audios y que desconoce el motivo porque lo vinculan con este hecho.
Luego de los alegatos de ambas partes, los ánimos se caldearon con las réplicas, por lo que la Juzgadora tuvo que poner orden dentro del proceso, para luego proceder a la siguiente etapa de lla audiencia, la cual llevaba más de 16 horas de haber iniciado.
Bertha De León
Pese a la oposición de la Defensa Técnica, Bertha De León, abogada representante de Claudia María Herrera, víctima subsidiaria del proceso, se le concedió el derecho a la palabra y estableció el agravio causado a su defendida, por la creación de pruebas y promover el caso en contra de Herrera.
“Ella (Herrera) ha sido procesada por casos fabricados y que son de pleno conocimiento de los ilustres abogados que están siendo procesados”, dijo De León. Asimismo, agregó: “este es un caso de corrupción, le pido que no se deje sorprender; este es manipulación del sistema de justicia”.
Para el término de la audiencia inicial, la juzgadora estableció que si existen indicios que los imputados realizaron los actos que se les imputa, sin embargo, estableció medidas sustitutivas en contra de todos los imputados, nueve en total, pero impuso fianzas que en total suman $71 mil 500 dólares, pero no recuperaron su libertad de forma inmediata, sino que será en el transcurso de este día.
