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Padre José María Tojeria y Manuel Escalante representantes del IDHUCA en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Foto Diario Co Latino/Archivo.

IDHUCA presenta demanda de inconstitucionalidad contra Decreto Ejecutivo 22

Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino

El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 22 y una parte del artículo 2 del Decreto Ejecutivo 23.

Los demandantes sostuvieron que el Decreto 22 contiene vicios de fondo y forma que atentan contra principios constitucionales propios de un Estado Democrático de Derecho tales como la división de poderes, legalidad y reserva de ley. El IDHUCA también señaló que los decretos vulneran derechos humanos fundamentales como la seguridad jurídica, igualdad, libertad de circulación. En cuanto al Decreto 23, la institución de derechos humanos afirmó que transgrede los principios antes mencionados además de la libertad de contratación.

En virtud de lo anterior, el instituto de derechos humanos solicitó que se decrete una medida cautelar tendiente a restablecer el servicio de transporte público para los trabajadores de las empresas autorizadas a funcionar y personas que según las disposiciones gubernamentales puedan circular se trasladen a sus destinos.

El IDHUCA destacó que el restablecimiento del transporte debe hacerse tomando las medidas sanitarias dictadas anteriormente por el Ejecutivo para evitar el contagio de COVID-19.

La institución reconoció los esfuerzos gubernamentales por facilitar transporte a los empleados de salud pública y personas que necesitan atención médica, pero consideró que los mismos son insuficientes para cubrir las necesidades existentes a nivel nacional.

IDHUCA destacó la importancia que supone la protección de la salud y derechos humanos por lo que consideró que tanto órganos de Estado como instituciones públicas deben cumplir con sus atribuciones constitucionales respetando y promoviendo el Estado de Derecho.

El instituto sostuvo que el Estado es responsable de garantizar una vida digna a las personas, sin importar sector o estrato social de tal manera que el funcionamiento democrático del país no se debilite durante la emergencia nacional que experimenta a causa del brote de COVID-19.

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