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Saúl Méndez
Colaborador
Human Rights Watch (HRW) advirtió que las autoridades salvadoreñas han incurrido en violaciones de derechos humanos “generalizadas”, entre ellas detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, tortura, malos tratos en centros de detención y violaciones al debido proceso, según la 36.ª edición del Informe Mundial.
La organización reconoció que la tasa de homicidios en El Salvador, que alcanzó un máximo histórico de 105 por cada 100.000 habitantes en 2015, se ha reducido de manera drástica desde 2019, hasta registrar un mínimo histórico en 2024, de acuerdo con cifras oficiales. HRW también señaló una disminución en los casos de extorsión.
“Durante décadas, las pandillas ejercieron control territorial en todo el país, cometiendo homicidios, reclutamiento forzado de niños, violaciones y agresiones sexuales, secuestros, extorsión y desplazamiento”, recordó la organización.
No obstante, HRW expresó preocupación por las restricciones impuestas por el gobierno al acceso público a los datos sobre homicidios y otros delitos, así como por los cambios en los criterios de clasificación de los asesinatos incluidos en las estadísticas oficiales. Estas prácticas, advirtió, dificultan evaluar la veracidad de las afirmaciones oficiales sobre la reducción de la criminalidad.
Aunque la organización reconoció que la violencia de las pandillas disminuyó de forma significativa en 2025, subrayó que organizaciones locales e internacionales de derechos humanos han documentado desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias masivas, torturas y, en algunos casos, violencia sexual contra mujeres y niñas detenidas. HRW señaló que las autoridades no han informado sobre la imputación, el procesamiento ni la condena de policías o militares vinculados a estos abusos.
En un informe publicado en septiembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó denuncias de “violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos” e instó al gobierno salvadoreño a poner fin al régimen de excepción.
De acuerdo con Socorro Jurídico Humanitario, al menos 458 personas han muerto bajo custodia estatal durante el régimen de excepción. Hasta la fecha, no se ha informado sobre mecanismos de rendición de cuentas por estas muertes.
Deportaciones y detenciones en el CECOT
El informe también aborda las deportaciones realizadas por Estados Unidos entre marzo y abril, cuando la administración de Donald Trump trasladó a 252 ciudadanos venezolanos a El Salvador, donde fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). El gobierno estadounidense pagó a las autoridades salvadoreñas para mantener detenidos a los venezolanos, que posteriormente fueron enviadas a su país de origen en julio como parte de un intercambio de prisioneros.
Durante los cuatro meses de detención en el CECOT, los migrantes venezolanos sufrieron violaciones sistemáticas de derechos humanos, afirmó HRW.
Además de la detención arbitraria, entraron en estatus de desaparición forzada, y sufrieron tortura, régimen prolongado de incomunicación, falta de acceso a atención médica y alimentación adecuada, así como condiciones de reclusión insalubres. HRW afirmó que Estados Unidos violó el principio de no devolución (non-refoulement) al trasladarlos a El Salvador pese a los riesgos previsibles de abuso.
Correspondencia interna citada por medios de comunicación indica que funcionarios salvadoreños discutieron un “descuento del 50 %” en los pagos por mantener detenidos a los migrantes venezolanos, a cambio de la transferencia a El Salvador de nueve líderes de la pandilla MS-13 encarcelados en Estados Unidos. Posteriormente, las autoridades estadounidenses trasladaron a 23 salvadoreños al CECOT, entre ellos César Humberto López Larios, alias “El Greñas”, uno de los principales líderes de la MS-13, acusado de terrorismo y conspiración ante un tribunal federal estadounidense.
Según HRW, la deportación de López Larios podría formar parte de un intento por impedir que él y otras personas testifiquen ante tribunales estadounidenses sobre presuntas negociaciones con la administración de Nayib Bukele. De acuerdo con una acusación de fiscales de Estados Unidos, funcionarios del gobierno salvadoreño habrían negociado desde 2019 con líderes de la MS-13 regímenes penitenciarios más laxos, penas reducidas, liberaciones anticipadas y garantías de no extradición, a cambio de la reducción de homicidios y apoyo político durante procesos electorales.
Transparencia y corrupción
En materia de transparencia, HRW señaló que las autoridades han clasificado como reservada información de interés público y han debilitado la institución encargada de hacer cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública, lo que ha obstaculizado el acceso a datos oficiales y contribuido a un aumento en la percepción de corrupción.
El informe destaca que la puntuación de El Salvador en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional cayó de 36 puntos en 2020 a 30 en 2024, su nivel más bajo en los últimos 13 años.
Además, la Corte Suprema de Justicia clasificó como reservada la declaración patrimonial del presidente Bukele, rompiendo con la práctica institucional previa.
