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Redacción Nacionales
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Este martes inicia, en el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado Número 3, de Soyapango, a cargo de una jueza sin rostro, la Audiencia Única contra los veteranos y excombatientes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, acusados de actos de “terrorismo”.
Los procesados son José Santos Melara, conocido como “Pepe”; José Atilio Montalvo, “Salvador Guerra”; Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos, Roberto Antonio Esquivel, Carlos Mejía y el comunicador social Luis Menjívar.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas COFAPPES, sostienen que “no hay pruebas reales contra los procesados” y cuestionan la solidez de las acusaciones presentadas en su contra.
Al respecto, el periodista investigador Héctor Silva Ávalos escribió en su cuenta de X, la tarde del lunes, que la acusación fiscal contra los detenidos estaría sustentada en cuatro actas policiales elaboradas el mismo día de las detenciones y afirmó que no existen pruebas que sustenten las acusaciones.
Familiares y organizaciones que han acompañado a los procesados sostienen que la acusación constituye una represalia por la defensa de los derechos humanos, las demandas de los veteranos y excombatientes y la exigencia de respeto a la institucionalidad democrática.
Los dirigentes de la Alianza han tenido una participación histórica en las demandas de los veteranos y excombatientes de guerra. Sus organizaciones destacan, además, su participación en el proceso que condujo a los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto armado salvadoreño y abrieron paso a una nueva etapa política del país.
Otro de los aspectos que genera preocupación entre familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos es la condición de salud de varios de los procesados. Según las denuncias, la mayoría son adultos mayores y algunos padecen enfermedades crónicas, entre ellas diabetes e insuficiencia renal.
Uno de los casos que más preocupación genera es el de José Atilio Montalvo, quien permanece bajo arresto domiciliar debido a su delicado estado de salud. Sus familiares y organizaciones han denunciado que estuvo en riesgo de morir durante su permanencia en prisión.
Para las organizaciones denunciantes, el proceso judicial presenta graves cuestionamientos y carece de las garantías necesarias para los procesados. Asimismo, advierten sobre posibles vicios de nulidad y sostienen que los funcionarios que participen en actuaciones consideradas ilegales deberán responder por sus decisiones.
Los familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos hicieron un llamado a la opinión pública nacional e internacional para que dé seguimiento a la audiencia contra los veteranos y excombatientes, quienes permanecen detenidos desde mayo de 2024.
De acuerdo con los familiares y las organizaciones que acompañan el caso, el proceso constituye una persecución política y una represalia contra personas que durante años han exigido el respeto a la institucionalidad, los derechos humanos y las reivindicaciones de los excombatientes y veteranos de guerra.
Los acusados son reconocidos por organizaciones de veteranos y excombatientes como dirigentes que han participado activamente en la defensa de las reivindicaciones de este sector. Entre sus principales demandas se encuentran el cumplimiento de derechos adquiridos, los beneficios destinados a los veteranos y el respeto de los compromisos establecidos después del conflicto armado.
La situación de salud de José Atilio Montalvo constituye otro de los aspectos centrales de preocupación. Según la denuncia de sus familiares y organizaciones defensoras, fue capturado cuando se encontraba en una condición crítica de salud y su permanencia en prisión podría haber agravado su estado.
La audiencia adquiere especial relevancia porque ocurre después de más de dos años de prisión preventiva. Para las organizaciones denunciantes, el tiempo transcurrido y las condiciones de detención hacen urgente una revisión de las garantías judiciales otorgadas a los procesados.
El caso ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de los acusados, quienes demandan que el proceso se desarrolle con respeto al debido proceso, las garantías judiciales y los derechos fundamentales de los once procesados.
