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Saúl Méndez
Colaborador
El Observatorio Regional de Derechos (ORD) documentó seis casos de agresiones y situaciones de riesgo contra personas y comunidades defensoras ambientales en El Salvador durante julio y agosto de 2026, según su primer boletín sobre la defensa de la naturaleza y el territorio.
El informe, elaborado a partir del monitoreo realizado por el Centro de Monitoreo de Violaciones a Derechos Humanos de Personas Defensoras Ambientales y Comunicadoras, detalló que los casos estuvieron relacionados con la defensa del territorio, la oposición a la minería metálica, proyectos energéticos y la protección del agua y los ecosistemas frente a iniciativas con posibles impactos socioambientales.
De los seis casos registrados, cinco involucraron a comunidades, equivalentes al 83.3 %, mientras que uno correspondió a una persona defensora de manera individual. La mayoría de los hechos se concentró en la zona paracentral del país, con cinco casos, y Cabañas registró tres de ellos. También se reportaron situaciones en San Vicente, La Paz y Sonsonate.
El hostigamiento y la vigilancia fueron las principales modalidades identificadas, presentes en tres de los seis casos. A estas se sumaron dos situaciones relacionadas con órdenes judiciales o amenazas de desalojo y una denuncia de criminalización.
El ORD alertó que entre los actores identificados aparecen cuerpos de seguridad pública, autoridades judiciales y actores privados. Ante estos casos, evidenciaron la necesidad de dar seguimiento a la relación entre la actuación institucional, los intereses económicos y las condiciones en las que las comunidades ejercen labores de defensa ambiental.
El boletín también afirmó que los hechos ocurrieron dentro de un contexto regional de riesgos para quienes defienden el ambiente y el territorio. De acuerdo con datos citados de Global Witness, entre 2012 y 2023 fueron documentados 314 asesinatos de personas defensoras del territorio y el ambiente en Centroamérica. En 2025, la organización registró 12 asesinatos en Honduras, ocho en Guatemala y tres en Nicaragua.
En el caso salvadoreño, el informe recuerda la detención en enero de 2023 de cinco líderes comunitarios y ambientalistas de Santa Marta y ADES, en Cabañas, vinculados históricamente con la oposición a la minería metálica. También menciona la detención, en mayo de 2025, del abogado y defensor ambiental Alejandro Henríquez y del pastor y líder comunitario José Ángel Pérez, quienes acompañaban acciones de la Cooperativa El Bosque ante el riesgo de desalojo de unas 300 familias.
El documento cita además un informe de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos (MDDD), según el cual durante 2025 se registraron en El Salvador 455 casos que comprendieron 1,208 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Del total de personas afectadas, el 71.6 % fueron mujeres y el 47.5 % de las agresiones fueron atribuidas al Estado, de acuerdo el reporte.
Entre sus recomendaciones, el ORD pide al Estado garantizar que personas, organizaciones y comunidades puedan defender el ambiente, el territorio, el agua y los bienes naturales sin amenazas, intimidación, vigilancia, hostigamiento, criminalización o represalias.
También recomienda cesar prácticas de vigilancia e intimidación durante actividades de defensa ambiental y que los cuerpos de seguridad actúen bajo principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.
El organismo plantea además revisar, con las debidas garantías, el proceso relacionado con Miguel Ángel Callejas; garantizar el derecho a una vivienda adecuada ante posibles desalojos; asegurar el acceso a información ambiental y la participación efectiva de las comunidades en decisiones sobre proyectos que puedan afectar sus territorios; e implementar mecanismos de prevención y protección frente a amenazas y otras situaciones de riesgo.
