Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Luego que la Corte Suprema de Justicia informara sobre la admisión de la demanda presentada por el fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, contra la resolución pronunciada por la Sala de lo Penal el 8 de septiembre de 2020, mediante la cual declaró la nulidad absoluta de proceso penal instruido contra varios presuntos implicados en la masacre de los jesuitas, diputados de la Asamblea Legislativa han manifestado que esto se trata de una “cortina de humo” para desviar la atención de los temas que le importan a la población.
La Corte informó que se admitió la demanda, ya que consideró que, de acuerdo con los argumentos del demandante, la Sala de lo Penal “lesionó los derechos a la seguridad jurídica, al conocer la verdad y a la protección jurisdiccional”. Así también, que por tratarse de un crimen de “lesa humanidad”, y que, según la doctrina y la jurisprudencia constitucional nacional e internacional, así como la relativa a los Derechos Humanos son “imprescriptibles”, esto a raíz de que la Sala de lo Penal había declarado nulidad absoluta del proceso penal por razones de “prescripción” de la “acción” penal en el caso de la Masacre de los Jesuitas.
Por tanto, la Sala de lo Constitucional impuesta el primero de mayo, consideró que con dicha actuación “se habría obstaculizado el acceso a la justicia de las víctimas y el derecho a conocer la verdad al no permitir que se lleve a cabo la prosecución del proceso penal correspondiente”.
Ante esto, la diputada Anabel Belloso, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), sostuvo que, como partido, han tenido un compromiso de cara a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición en el marco de la atención de crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado.
Sin embargo, aseguró que lo que ven ahora por parte del “régimen” de Bukele “no es un compromiso real con la reparación o de resarcir los derechos de las víctimas, sino que el manejo mal intencionado desde el enfoque comunicacional para generar cortinas de humos y desviar los temas que la gente está demandando”.
La parlamentaria sostuvo que si el GOES está comprometido a resolver los crímenes de lesa humanidad “no existiera la incoherencia que cuando han tenido la oportunidad de actuar de cara a la justicia como en el Caso de El Mozote no hubiesen bloqueado el acceso a los archivos militares que iban incluso con orden de juez y que hasta el mismo juez se presentó al lugar para solicitar el acceso, pero fue denegado”, recordó Belloso.
En ese sentido, la diputada izquierdista dijo que “es bastante incoherente como lo es generalmente el actuar del régimen de Bukele, de sus funcionarios e incluso de sus diputados en la Asamblea Legislativa”, refiriéndose a que cuando se requiere de actuar se centran en el discurso y no a la actuación.
“Lo vimos también hace unos días en el Pleno alrededor de un indulto que se había solicitado por alguien relacionado al mismo caso de los Jesuitas, fue un manejo más para generar la percepción en la población de que ellos (NI) tienen un compromiso con este tema, pero realmente no lo tienen porque han sido incoherentes con sus acciones”, ejemplificó Belloso.
Sumándose lo anterior, los diputados de Nuevas Ideas llevan días criticando el papel de UCA en la sociedad, ya que esta entidad universitaria ha sido denunciante de las vulneraciones contra las acciones que el Estado ha ejecutado y que afectan a las minorías. Mientras que la diputada Rosy Romeo, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), comentó que la agilidad de la Sala de lo Constitucional para la admisión de la demanda del fiscal impuesto para reabrir el caso de la Masacre de los Jesuitas es la canalización de los efectos que como partido han planteado desde meses atrás, es decir, “toda demanda que presente el Ejecutivo, o que sea de los intereses de ese Órgano y no del interés del pueblo, estamos claros que va a proceder de manera inmediata”.
Mientras que diputados de Nuevas Ideas aplaudieron la decisión de la Sala en admitir la demanda de amparo que presentó el fiscal impuesto, ya que “se llevará justicia” a las víctimas y a los salvadoreños que durante más de 30 años “lo están esperando”.
Entre tanto, la Sala reconoció en la presente resolución que el titular del derecho a conocer la verdad sobre los hechos expuestos es “el pueblo salvadoreño”.
“Esto, pese a que en algún momento representantes de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) solicitaron el indulto y la conmutación de la pena en favor de una persona relacionada con el asesinato de los padres jesuitas el 16/11/1989, por estimar que el daño causado había sido reparado desconociendo la Sala sí, para realizar tal petición, se contó con el consentimiento expreso de los familiares de las víctimas”, por tanto, la Sala impuesta por Nuevas Ideas argumentó que el derecho a conocer la verdad es de los salvadoreños”.
