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Redacción Nacionales
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El asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, publicó un tweet en el que amenazó a la revista periodística “Gato Encerrado”, por un reportaje de investigación que posteó en sus redes, sobre una posible reunión entre Argueta y cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para detallarles que la impuesta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, iba a emitir una sentencia que ratificaba una posible participación del actual presidente Bukele en las elecciones de 2024.
La nota periodística de “Gato Encerrado”, titulado “Capres reunió a magistrados del TSE previo a la sentencia que avala la reelección de Bukele”, se basó en dos fuentes principales que son precisamente del TSE que bajo la condición de “anonimato” decidieron brindar dicha información al citado medio.
El funcionario de CAPRES le dijo al medio que “sí su fuente “anónima” no la exhiben, cuidado con las infracciones en las que caerán. No jueguen con la libertad de información creando historias”, sostuvo.
Sin embargo, el derecho a no revelar las fuentes de información es una condición que sirve a los periodistas y está amparado en la Ley. Justamente el principio 8 de la declaración de libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que El Salvador suscribe, dice que «todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales».
Las leyes salvadoreñas también amparan a los periodistas. El artículo 206 del Código Procesal Penal señala que los periodistas, y quienes ejerzan el periodismo “tendrán derecho a abstenerse de revelar a cualquier autoridad policial, funcionario público o funcionario judicial la fuente donde proviene la información que nutre las noticias, opiniones, reportajes, editoriales, que publiquen en ejercicio legítimo de su derecho a informar”.
La Asociación de Periodistas (APES) condenó la postura del Gobierno pues atentan contra la Libertad de Expresión.
