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Redacción Nacionales
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El asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, publicó un tweet en el que amenazó a la revista periodística “Gato Encerrado”, por un reportaje de investigación que posteó en sus redes, sobre una posible reunión entre Argueta y cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para detallarles que la impuesta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, iba a emitir una sentencia que ratificaba una posible participación del actual presidente Bukele en las elecciones de 2024.
La nota periodística de “Gato Encerrado”, titulado “Capres reunió a magistrados del TSE previo a la sentencia que avala la reelección de Bukele”, se basó en dos fuentes principales que son precisamente del TSE que bajo la condición de “anonimato” decidieron brindar dicha información al citado medio.
El funcionario de CAPRES le dijo al medio que “sí su fuente “anónima” no la exhiben, cuidado con las infracciones en las que caerán. No jueguen con la libertad de información creando historias”, sostuvo.
Sin embargo, el derecho a no revelar las fuentes de información es una condición que sirve a los periodistas y está amparado en la Ley. Justamente el principio 8 de la declaración de libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que El Salvador suscribe, dice que «todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales».
Las leyes salvadoreñas también amparan a los periodistas. El artículo 206 del Código Procesal Penal señala que los periodistas, y quienes ejerzan el periodismo “tendrán derecho a abstenerse de revelar a cualquier autoridad policial, funcionario público o funcionario judicial la fuente donde proviene la información que nutre las noticias, opiniones, reportajes, editoriales, que publiquen en ejercicio legítimo de su derecho a informar”.
La Asociación de Periodistas (APES) condenó la postura del Gobierno pues atentan contra la Libertad de Expresión.
El presidente de la APES, César Fagoaga, comentó que Argueta, que antes “abogó por la transparencia cuando recibía salario del sector privado que hoy desconoce, forma parte de un gobierno que aborrece la transparencia, que sistemáticamente miente y oculta información. Por eso teme al periodismo”.
También, el director ejecutivo para América de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, dijo que el asesor legal de Bukele, “amenaza con una retaliación judicial a Gato Encerrado si no revela sus fuentes. La reserva de fuente está protegida por las normas internacionales de DDHH. Nuevo atropello del gobierno de Bukele contra la prensa”, comentó.
Sumándose a las condenas, el relator de Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, sostuvo que “Las democracias deben agradecer y proteger a quienes tienen la valentía de denunciar asuntos cuestionables y de relevancia pública. La reserva de la fuente protege precisamente el debate público mientras que la persecución a las fuentes pretende clausurarlo y reprimirlo.
Desde que entró el gobierno de Nayib Bukele, este, se ha caracterizado por estar en contra de la prensa nacional e independiente por no estar alineados a su línea ideológica ya que informan sobre diversos temas de forma imparcial y se han realizado investigaciones donde se ha comprobado que el actual GOES, ha sido igual o peor que gobiernos anteriores; sin embargo, a Bukele, no le gustó que la prensa hablara sobre temas que no le favorecían en su popularidad, en consecuencia, creó Diario El Salvador y Noticiero El Salvador para que hablara bien del Gobierno.
