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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Representantes del Gobierno y diputados que integran la Comisión Política de la Asamblea Legislativa se reunieron este lunes para acercar posturas y redactar una Ley de Emergencia Nacional que contemple la cuarentena domiciliar por 15 días más, así como la reapertura económica gradual en el país.
Para la creación del nuevo marco normativo, las partes tomaron en cuenta la Ley Especial Transitoria para la Atención Integral de la Salud y la Reanudación de Labores en el Marco de la Pandemia del COVID-19 aprobada por el congreso salvadoreño, y la propuesta presentada la semana por el Ejecutivo.
Al inicio de la sesión y ante la insistencia de los partidos ARENA y FMLN por que la legislación aprobada por la Asamblea Legislativa se tomara como base del estudio de la nueva normativa, Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia instó a las partes a no caer en “debates estériles”.
“Dejen de lado aquellos debates intrascendentes que retrasen construir la normativa, enfoquémonos”, expresó Castro.
La delegación gubernamental explicó a los miembros de la Comisión Política que la fecha de reapertura económica, definida para el 6 de junio, deberá modificarse porque los quince días de “cuarentena estricta” no se implementaron por el vacío de ley existente, así que el reinicio de las actividades dependerá de la fecha de aprobación de la normativa.
Durante la sesión de trabajo se discutió el artículo 5 de la legislación que tiene que ver con la exigencia al Ministerio de Salud para que elabore y ejecute un plan de combate a la pandemia del COVID-19, en este sentido Francisco Alabí, titular de la cartera de Estado no consideró prudente que se establezca una hoja de ruta específica que contenga cronograma y presupuesto.
“Es difícil si la variación en la estrategia de la pandemia, no se pueden estar planificando, puede ser que el plan se modifique una semana después, de acuerdo a la variación de la enfermedad”, afirmó Alabí.
Ante esta postura, los legisladores acordaron que en dicho apartado se mantenga la obligación de construir el Plan Nacional de Prevención, Contención y Respuesta a la Pandemia por COVID-19 sin la exigencia del cronograma y presupuesto el cual deberá presentarse a más tardar 5 días de entrada en vigencia de la normativa.
En ese mismo artículo también se suprimió el segundo inciso en el que se indicaba que la falta de entrega del informe devendría en la remoción del ministro de Salud de su cargo.
En el transcurso de la sesión de trabajo también se acordó que todo paciente que resulte con diagnóstico COVID-19 positivo podrá guardar hospitalización en centros de salud privados que estén autorizados por el MINSAL.
Los participantes en la reunión dejaron en “el congelador” la posibilidad de que laboratorios privados importen, distribuyan y apliquen pruebas de COVID-19 debido a que el Ejecutivo se mostró en desacuerdo con esto porque “puede causar desorden”.
En cuanto a la cuarentena domiciliaria, Ernesto Castro, secretario privado de la Presidencia, sugirió que la ley contemple castigos para quienes no cumplan con la exigencia de guardar confinamiento, algo que no fue del agrado de varios diputados.
Otro de los aspectos discutidos por la instancia legislativa tiene que ver con la regulación de zonas epidémicas en áreas geográficas determinadas establecida en el artículo 8 de la normativa, en este punto acordaron que el establecimiento de estas áreas sea no mayor a cinco días prorrogables en forma motivada y notificada a la población.
Pasadas las nueve de la noche, los delegados del gobierno decidieron finalizar la sesión de trabajo para consultar con el Ejecutivo aspectos de la ley en estudio, al igual que los partidos políticos. Ambas partes adquirieron el compromiso de finalizar esta mañana la redacción del proyecto para que sea aprobado en sesión plenaria extraordinaria.
