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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
El 14 de julio pasado se cumplió un mes sin la existencia de un decreto de emergencia nacional por la pandemia de COVID-19. Tiempo, en que denuncia el gobierno de Nayib Bukele, no se cuenta con “Herramientas legales para enfrentar el COVID-19”. Ya que el Gobierno ha solicitado 15 días más de emergencia nacional con una cuarentena domiciliar obligatoria estricta, que permita reducir los niveles de salvadoreños en las calles o sitios públicos, como resultado bajar el contagio masivo a coronavirus de las últimas semanas.
Entre el 15 de junio al 14 de julio, El Salvador registra 6,819 casos nuevos. Casi dos veces más de lo que se registraba desde el 18 de marzo a 14 de junio con casi cuatro mil casos de COVID-19 contabilizados. Hasta la fecha, el país suma 11,207 casos de COVID-19, de los cuales 4,476 son activos, 309 fallecidos y 6,422 personas recuperadas.
Por lo cual, tal parece que el país hizo las cosas al revés, ya que por tres meses se mantuvo una Emergencia Nacional y cuarentena obligatoria, pero en el momento que el contagio es el mayor no existe una normativa que regule la situación y ayude a controlar la pandemia en el país, lo que muchos consideran una falta de acuerdo entre órganos de Estado.
A través de un comunicado, el Gobierno dijo que “está demostrado que el país se encuentra en la etapa más crítica en casi cinco meses de pandemia, la Asamblea Legislativa han dejado sin ley al Gobierno de El Salvador por más de un mes”.
Sumando a ello, que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no ha resuelto la controversia del decreto 661, vetado por el presidente Nayib Bukele porque presuntamente, “anteponía la economía sobre la vida” y que fue superado por la Asamblea Legislativa.
El Decreto Legislativo 661 contemplaba y daba potestad al Ejecutivo desde las ramas de Salud, Educación y el Ministerio de Trabajo, poder articular esfuerzos para controlar la pandemia. Además, brindaba 15 días más de cuarentena obligatoria para el país, conteniendo lo establecido por la Sala de lo Constitucional en cuanto a derechos humanos.
Pese a ello, el pasado 25 de junio, el Ejecutivo presentó una propuesta de Régimen de Excepción en todo el país para desarrollar una cuarentena estricta por 15 días, la cual denuncia “no se ha discutido en su totalidad en la Comisión Política, que incluso mantiene la sesión abierta desde hace dos semanas sin que sea retomada por los legisladores”.
“El Gobierno llevaba la curva de contagio de COVID-19 bastante controlada y la estaba administrando bien, con los recursos y herramientas legales del caso, pero fue la Asamblea Legislativa la que nos quitó las potestades y a partir de ahí, junto con la reapertura económica que fue por presiones de varios sectores empresariales, se desbordaron los casos y contagios”, dijo el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro.
Desde el 16 de junio, el país inició una reapertura gradual de la economía, que se estancó por el alto número de contagios. El Ministerio de Salud detuvo el avance de la reapertura económica ante el promedio diario de 227 casos confirmados de COVID-19.
