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El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, oficialmente pidió perdón en representación del Estado salvadoreño por la masacre del 25 de julio de 1981. El canciller lo hizo en honor a la dignidad de las víctimas, ya que se deben enfrentar y asumir los hechos ocurridos en el que fallecieron 40 civiles, en el cantón San Francisco Angulo, Tecoluca, San Vicente. Foto Diario Co Latino.

Gobierno pide perdón por la masacre de San Francisco Angulo

Yaneth Estrada
@caricheop

En un acto público y en nombre del Estado salvadoreño, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, pidió perdón por los hechos relacionados con la masacre del 25 de julio de 1981, perpetrado por grupos de la Fuerza Armada que dejó 45 civiles muertos entre niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, en el cantón San Francisco Angulo, municipio de Tecoluca, San Vicente.
Fue en 2010 cuando los sobrevivientes junto al Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” presentaron un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y cuatro años después les resolvieron. La Corte ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar cada uno de los casos para determinar la verdad y de esta forma poder llevar a juicio a los responsables.
“Pido perdón a cada una de las familias que perdió uno o más familiares durante estos tristes hechos, a aquellos que han sufrido por la falta de sus seres queridos, a todas estas familias inocentes que merecen nuestro respeto y nuestra más profunda solidaridad”, expresó Martínez.
Agregó que “desde el Gobierno, en los últimos ocho años, hemos estado convencidos de que no podemos mirar hacia el futuro simplemente ignorando y dando la espalda a nuestro pasado. Sabemos que enfrentar y asumir los hechos ocurridos, dignificando a las víctimas, es parte necesaria de la reconciliación de nuestra sociedad, y por eso hemos reconocido ya la responsabilidad estatal en otros casos de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado interno, con acciones específicas para reparar de alguna manera y reconocer la memoria de las víctimas y a sus familias”.
Asimismo, explicó que entre el Gobierno de El Salvador pedirá perdón en otros casos como: “Rochac Hernández y otros”, “Contreras y otros”, así como las “Masacres de El Mozote y lugares aledaños”. Los cuales correspondieron a sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Este día, nuevamente, tenemos un acto profundamente significativo, y podemos decir que lo es aún más porque responde a una obligación moral asumida por el Estado y no a una sentencia dictada por una Corte. Fue, de hecho, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos la que por resolución del 26 de julio de 2016, recomendó realizar este acto de reconocimiento de responsabilidad estatal por estos hechos, como lo ha recomendado también para otros cuatro casos, en los que estaremos también realizando actos de reconocimiento y de dignificación a las víctimas”, reiteró. Enfatizó que todo lo anterior responde al alto compromiso del Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén y que “refleja la voluntad de seguir profundizando este trabajo, incluso, más allá de obligaciones impuestas por decisiones de instancias internacionales”.
Entre otras acciones de esta naturaleza se encuentran la creación en 2014 del Comité Técnico del Consejo Directivo del Registro de Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos; igualmente, los programas de acceso a la salud, la educación, la seguridad alimentaria, los mecanismos compensatorios y de dignificación, el reconocimiento de la verdad de los hechos, así como las orientadas a garantizar que estos crímenes no se repitan.
El canciller Martínez señaló que este gesto se enmarca en la conmemoración de los 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz, hecho histórico que demuestra la resolución de conflictos por la vía del diálogo y, que al mismo tiempo, rememora las deudas a solventar en esta materia.
En la actividad participaron el alcalde de Tecoluca, Alfredo Hernández, la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, parientes de las víctimas y pobladores del municipio.

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