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Redacción Nacionales
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El Gobierno de El Salvador podría registrar una pérdida superior a los $100 millones si decide vender hoy las reservas de bitcoin que afirma poseer, según cálculos elaborados a partir de datos divulgados por el propio Ejecutivo, manifestó el economista César Villalona.
De acuerdo con información difundida por el presidente Nayib Bukele en redes sociales, el país cuenta con 7,554 bitcoins. Si cada unidad se cotiza en aproximadamente $68,509, el valor total de esas reservas rondaría los $517.5 millones, expresó Villalona.
Sin embargo, el monto invertido por el Estado en el proyecto bitcoin superaría ampliamente esa cifra. Diversas estimaciones señalan que el Gobierno se endeudó con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $203.3 millones para financiar la creación de la billetera electrónica Chivo, la instalación de cajeros automáticos y la entrega de un bono de $30 en bitcoin a más de un millón de usuarios. Muchos de estos cajeros ya no están en funcionamiento, según reportes ciudadanos y publicaciones periodísticas.
A esa cantidad se suman alrededor de $420.7 millones destinados directamente a la compra de bitcoins por parte del Estado. En total, el gasto ascendería a $624 millones, sin incluir los costos asociados a campañas publicitarias, promoción internacional y eventos para atraer inversionistas, como el realizado en septiembre de 2021 en una playa del país.
Si se compara el valor actual estimado de las reservas ($517.5 millones) con el monto total invertido ($624 millones), la diferencia representaría una pérdida potencial de $106.5 millones para el Estado salvadoreño.
No obstante, varios analistas han señalado que existe poca transparencia en torno a los datos oficiales del proyecto bitcoin. Gran parte de la información sobre compras, montos y reservas ha sido difundida a través de las cuentas personales del presidente en redes sociales, sin reportes detallados de las instituciones públicas responsables.
En el plano económico, Villalona y otros economistas sostienen que el impacto del bitcoin en la economía salvadoreña ha sido limitado. Aunque la criptomoneda fue adoptada como moneda de curso legal en septiembre de 2021, la economía continúa operando principalmente en dólares y los principales indicadores económicos del país no han experimentado cambios estructurales atribuibles a su adopción.
Villalona, un economistas crítico del proyecto señala que el bitcoin no cumple plenamente con las tres funciones clásicas del dinero: unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor. Argumentan que los precios, salarios, impuestos y préstamos siguen expresándose en dólares, mientras que la alta volatilidad del bitcoin dificulta su uso como reserva estable de valor.
Además, Villalona y otros sostienen que el bitcoin funciona principalmente como un activo digital utilizado por entes privados para la especulación financiera, lo que implicaría riesgos cuando se emplean recursos públicos para adquirirlo.
En la Ley Bitcoin aprobada en 2021 se plantearon objetivos como atraer inversión extranjera, impulsar el turismo y aumentar las exportaciones. Sin embargo, estas promesas no se han materializado en la magnitud esperada. La oposición asegura que solo el clan Bukele se ha benericiado de las operaciones en bitcoin en El salvador.
Desde esta perspectiva, algunos analistas plantean que los $624 millones invertidos en el proyecto pudieron destinarse a áreas sociales prioritarias, como salud, educación, vivienda, medio ambiente, en la reactivación de la agricultura y la ganadería, agua potable y saneamiento, sectores que continúan enfrentando importantes déficits.
Mientras tanto, el debate sobre el impacto real del bitcoin en la economía salvadoreña continúa abierto, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia de las cifras oficiales y los resultados del experimento impulsado por el Gobierno.
