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Mirna Jiménez
Diario Colatino
El ecologista Ricardo Navarro recalcó la urgencia de que el país cuente con una ley de aguas para proteger este recurso vital, pero advirtió que no se están recibiendo buenas señales desde el nuevo Gobierno.
Navarro afirmó que en sus primeros siete meses, el gobierno de Nayib Bukele ha liberado decenas de permisos de proyectos que estaban parados por incumplimientos de las normas ambientales y por afectar recursos naturales.
«Las señales ya las dieron, solo que al revés…El presidente (Bukele),hace algún tiempo atrás -creo que eso como que define para dónde va- dijo: ‘hay más de 4,500 millones de dólares que han sido entrampados y eso hay que liberarlo’; y dio instrucciones al Ministerio del Medio Ambiente para que liberara eso, manifestó el presidente del Centro de Tecnología Apropiada (CESTA), en entrevista Conversando con Alfredo Villareal del canal 8 de televisión.
Entre estos proyecto donde se aceleró la tramitología, dijo Navarro, se encuentra la residencial El Ángel, presentado por una urbanizadora, el cual implica la construcción de miles de viviendas en zona de gran impacto ambiental.
«A alguien se le ocurre hacer las cosas y no es que las cosas necesariamente sean malas, pero no tienen en cuenta el impacto social ni el impacto ambiental», afirmó el ecologista.
«Para el defensor del medio ambiente, el Gobierno y sus funcionarios no han dimensionado la gravedad del problema ambiental» y «hay que poner las barbas en remojo», manifestó, tras poner como ejemplo los incendios en Australia.
Organizaciones sociales han exigido la creación de una ley del agua que garantice el acceso del recurso a la población y rechazan la inclusión del sector privado en un organismo rector de la administración del agua.
El vicepresidente de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental(AIDIS), Guillermo Umaña, dijo por su parte que en décadas pasadas se gastaron miles de dólares en estudios de zonificación de suelo y no se ha ejecutado de forma efectiva.
Agregó que la última palabra la tienen las urbanizadoras y no el Estado. «¿Quién decide hacia dónde van las urbanizaciones o el desarrollo urbanístico?, la empresa privada, los urbanizadores dicen: aquí voy a hacer la urbanización», manifestó Umaña.
