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Por Leonel Herrera*
En el convenio de “Conversión de Deuda por Naturaleza” con Estados Unidos y el banco JP Morgan para la recuperación del Río Lempa, el gobierno salvadoreño se comprometió a “mantener las normas de protección ambiental existentes” al momento de suscribir dicho acuerdo.
El convenio fue firmado en octubre de 2024 y una de las medidas de protección medioambiental vigentes en aquel momento era la Ley de Prohibición Definitiva de la Minería Metálica, aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa en marzo de 2017 como resultado de un amplio consenso nacional por el agua, el medioambiente, la salud y la vida.
Sin embargo, incumpliendo el referido compromiso gubernamental, Nayib Bukele anunció la reactivación de la minería de metales en noviembre de 2024, un mes después de la firma del convenio. Y en diciembre del mismo año los diputados oficialistas, obedeciendo la orden presidencial, derogaron la ley prohibitiva y aprobaron una ley permisiva: la Ley General de Minería Metálica.
La aprobación de la nueva ley se realizó sin ningún estudio técnico, sin ninguna discusión, sin seguir el procedimiento de elaboración de ley y contra la opinión de la Iglesia Católica y otras iglesias, las principales universidades del país, las organizaciones ecologistas y la mayoría de la población que rechaza la minería metálica en practicamente todas las encuestas.
Como hemos dicho tantas veces en este espacio de opinión, la minería de metales es inviable en El Salvador debido a la estrechez territorial, la alta densidad poblacional, el grave deterioro de los ecosistemas y el creciente estrés hídrico. Además, porque la mayoría de proyectos mineros se ubican sobre la cuenca del Río Lempa, principalmente en los departamentos de Chalatenango y Cabañas.
Por tanto, la explotación minera sería el “tiro de gracia” para el ya moribundo el Río Lempa y sería el acabose ambiental del país. El principal río nacional se convertiría en un charco de agua con cianuro y drenaje ácido de minas, como el Río San Sebastián, en la antigua zona minera del departamento de La Unión, contaminado desde hace más de cien años.
En tal sentido, es urgente que, por el bien del país y para cumplir los compromisos del convenio de “Conversión de Deuda por Naturaleza”, el oficialismo derogue la ominosa Ley General de Minería Metálica y restablezca la prohibición definitiva. Ningún proyecto de recuperación del Río Lempa es viable si hay minería metálica.
También es urgente detener la ofensiva de destrucción ambiental. Es absolutamente irracional construir proyectos turísticos, residenciales o centros comerciales en zonas de recarga acuífera, áreas naturales protegidas o zonas de riesgo. De ser necesarios, estos proyectos podrían realizarse en lugares donde no generen daños ambientales.
No se trata de “frenar el desarrollo” del país, como dicen los depredadores ambientales, sino de cuidar la “Casa Común”, proteger el agua y asegurar la continuidad de la vida de toda la población salvadoreña, incluidos los que destruyen el medio ambiente.
Ojalá que la población salvadoreña tome conciencia del peligro mortal que conlleva la destrucción de los ecosistemas y exija a sus depredadores dejar de “cortar la rama donde estamos parados”. Pero esto tiene que ser ya, antes de que sea demasiado tarde, es decir, ¡antes de quedarnos sin bosques, sin animales y… sin agua!
Ojalá que así sea.
*Periodista y activista ambiental.
