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Madrid / AFP
El gobierno socialista español anunció el miércoles una batería de medidas para profundizar el trabajo de memoria histórica sobre la dictadura franquista (1939-1975), incluyendo una Comisión de la Verdad y un censo oficial de víctimas.
«Se trata de cumplir los principios básicos del derecho humanitario, del derecho internacional y de los Derechos Humanos», dijo la ministra de Justicia, Dolores Delgado, al presentar los ejes de su política ante una comisión parlamentaria.
En un comunicado, el ministerio de Justicia anunció la creación de una nueva Dirección General para la Memoria Histórica, que tendrá por misión reformar de manera íntegra una ley aprobada en 2007 por iniciativa del anterior ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Como parte de esa reforma de la ley, congelada bajo los gobiernos conservadores de Mariano Rajoy (2011-2018), el ministerio dijo que quiere crear una Comisión de la Verdad y «retirar la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura», todavía presente en algunas ciudades y pueblos del país. Con una novedad, y es que habrá «sanciones económicas en caso de incumplimiento», añade el ministerio.
Entre los planes está también el de establecer «planes de búsqueda de los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista», declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus sentencias, facilitar las exhumaciones y publicar un censo oficial de víctimas de la contienda y el franquismo.
Este último objetivo se anuncia muy ambicioso, dados los miles de personas que están enterradas en fosas comunes a lo largo y ancho del país, sin haber sido nunca identificadas.
Según el historiador británico Paul Preston, una de las referencias en la Guerra Civil española, 200.000 personas murieron en combate, y otras 200.000 fueron ejecutadas en el conflicto, de las cuales 150.000 por las tropas leales al general Franco.
Terminada la contienda, miles de personas más fueron ejecutadas por la dictadura en los años 1940 por su vinculación real o supuesta con la II República (1931-1939), que destruyeron Franco y sus seguidores.
El ministerio indicó por otro lado que se propone también la ilegalización de aquellas organizaciones «que hagan apología del franquismo», lo que amenazaría la existencia de la Fundación Francisco Franco, que reivindica la memoria del dictador.
Precisamente, el gobierno quiere exhumar en breve los restos del dictador, fallecido en 1975, del Valle de los Caídos, un aparatoso monumento católico a 50 km al noroeste de Madrid donde reposan él y unas 37.000 personas más de los dos bandos rivales del conflicto.
