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El encuentro inicial lo informaron en un comunicado conjunto la Conferencia Episcopal y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), instancias que mediarán en las conversaciones. ‘Tras mantener contactos con el gobierno y con las organizaciones del movimiento indígena, la primera reunión de diálogo está convocada para el día 13 de octubre a las tres de la tarde en Quito’, anunciaron.
En el escueto comunicado, los facilitadores expresaron confianza en la voluntad de todos, para establecer un diálogo de buena fe y encontrar una pronta solución a la compleja situación que vive el país.
El lugar del encuentro y los participantes, no fueron revelados en la información divulgada en las redes sociales.
En un comunicado urgente difundido la víspera, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que lidera el levantamiento general, pidió públicamente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, garantizar la intermediación y brindar la seguridad necesaria a los dirigentes que participarán en el diálogo.
También instó a la ONU, la Conferencia Episcopal, la Defensoría del Pueblo, Asamblea Nacional, Fiscalía general y otras instituciones de estado, a ser vigilantes del fiel cumplimiento de las resoluciones resultantes del intercambio.
Las conversaciones comenzarán en medio de un a fuerte tensión en el país, en especial en esta capital, donde la víspera el presidente de la república, Lenín Moreno, decretó toque de queda y militarización del distrito metropolitano y los valles.
La medida de restricción de movilidad en áreas sensibles o de importancia estratégica, fue extendida a las 24 horas y hasta que finalice el estado de Excepción, vigente desde el pasado 3 de octubre, cuando comenzó el paro nacional, en rechazo a la entrada en vigor del Decreto 883 y otras propuestas de reformas económicas, consideradas como paquetazo por los manifestantes.
El paquete, de corte neoliberal y que será evaluado por la Asamblea Nacional, comprende la reducción salarial del 20 por ciento para contratos ocasionales y del período vacacional, de 30 a 15 días a empleados del sector público, quienes además, aportarían el valor de un día de pago mensual.
A la mesa de negociación, el movimiento indígena llega con la demanda de que se derogue la regulación, mientras el ejecutivo plantea alternativas para paliar los perjuicios ocasionados por la eliminación del subsidio, detonante del alza en la tarifa del transporte urbano y en el precio de alimentos de la canasta básica, con lo cual están en desacuerdo los huelguistas.
Las medidas forman parte de un plan de ajuste económico, exigido por el Fondo Monetario Internacional a Ecuador, para garantizar acceso a un crédito de cuatro mil 200 millones de dólares, lo cual es rechazado no solo por los indígenas, sino también por campesinos, trabajadores, académicos, estudiantes universitarios e intelectuales y artistas, entre otros.
