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La ola represiva desatada por la administración de Jeanine Añez luego de la renuncia de Morales el 10 de noviembre último -bajo la coacción del alto mando del Ejército que le ‘sugirió’ renunciar- dejó hasta la fecha más de 30 fallecidos y cientos de heridos.
Sin dar a conocer el monto asignado, la autoproclamada presidenta interina autorizó la compra de gases antidisturbios para la Policía Boliviana con la finalidad de ‘reabastecer’ de esos materiales empleados en la contención de las protestas populares contra la asonada golpista.
El Ministerio de Gobierno deberá hacer la transferencia de recursos económicos a la cartera de Defensa para la adquisición de los materiales antidisturbios.
Tras imponerse en las elecciones del 20 de octubre con el 47 por ciento de los votos y más de 10 puntos porcentuales sobre el candidato opositor Carlos Mesa, Evo Morales presentó su dimisión tres semanas después en medio de violentas movilizaciones de grupos de choque de la derecha que contaron con la inacción cómplice de los cuerpos policiales.
Un sesgado informe de la Organización de Estados Americanos refirió sin pruebas concretas supuestas irregularidades electorales, dictamen marcado por una evidente postura política que desembocó en el recrudecimiento de la violencia extremista, persecución y ataques contra funcionarios del gobierno y partidarios del Movimiento al Socialismo.
Apenas se consumó el derrocamiento de Morales, quien puso su cargo a disposición para evitar más derramamientos de sangre, la policía abandonó los motines y las fuerzas armadas se sumaron a la represión de las protestas populares contra el golpe de Estado, criminalizadas por las autoridades de facto y su andamiaje mediático y propagandístico.
Los casos más representativos de la brutalidad del aparato represivo se reportaron en las localidades de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), con decenas de muertos a consecuencia del empleo de armamento letal.
