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@zorayaurbina
El Secretario Técnico de la Presidencia, viagra Roberto Lorenzana, here afirmó esta mañana, and en una entrevista, que el Gobierno ha cumplido los compromisos adquiridos en el Acuerdo Marco con el que se cerró el caso CEL-ENEL, y descartó el proceso que la Fiscalía le sigue a los responsables en los tribunales sea “Una persecución política”.
“El Gobierno de El Salvador ha cumplido el 100% de sus obligaciones en ese acuerdo con la empresa italiana”, aunque reconoció que el proceso como Estado no se ha finiquitado, pues quien tiene que finalizarlo es el Fiscal General de la República, Luis Martínez, quien, en este caso, es el que representa al Estado salvadoreño.
ENEL y el Gobierno finalizaron el acuerdo comercial bajo dos condiciones, explicó: la empresa pidió un pago de $287.6 millones, que es lo que se calculó que valen las acciones de la firma italiana, y la segunda condición era excluir de todos los cargos a los representantes de la empresa en El Salvador, “y eso fue totalmente cumplido”, aseguró.
No obstante, la querella contra los ex funcionarios salvadoreños aún se mantiene en los tribunales, tema en el que el Gobierno no tiene responsabilidad, pues compete a los tribunales continuar y finalizar el proceso judicial, indicó.
En días anteriores, en los medios de comunicación, sectores de la derecha dejaron entrever que el Acuerdo Marco no se había cumplido en su totalidad, porque no se habían levantado las denuncias a los salvadoreños, al respecto, Lorenzana sostuvo que eso no fue parte del convenio que suscribió el Fiscal, que solamente excluía de la acción penal y responsabilidad civil a los ejecutivos de ENEL.
Algunas organizaciones de la sociedad civil denunciaron recientemente que había manipulación al hacer creer que el proceso no concluía porque no se había librado de cargos a los ex funcionarios y que la acción del Gobierno para recuperar el patrimonio del Estado, tal como lo dice Lorenzana, perjudica la inversión extranjera, no obstante, aseguraron que en una nación donde hay seguridad jurídica y se persiga la corrupción, se ofrece estabilidad, que atrae la inversión.
Al respecto, Lorenzana aseguró que las relaciones con la empresa italiana, tras el proceso es “respetuosa, después de un “divorcio amigable”, podríamos decir que, en ese sentido, mantenemos una relación cordial, positiva, creemos nosotros que esta relación puede dar más frutos adelante en el sentido de posibilitar alguna cooperación”.
En este contexto, el funcionario dijo que sobre la decisión del Fiscal de finiquitar el proceso en el momento que este considere prudente, “somos respetuosos de la independencia de poderes, no podemos inmiscuirnos en las competencias de otro órgano del Estado”.
Aunque fue enfático en que este caso está en manos de los tribunales “no del Gobierno, y está en manos del fiscal defender el interés nacional”. Al respecto, pidió a los sectores que cuestionan el proceso judicial contra los ex funcionarios que fueran respetuosos.
En este marco, hizo el parangón con la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que frenó el proceso de emisión de $900 millones; indicó que el Ejecutivo no comparte esta decisión, pues daña la inversión en seguridad y programas sociales que implementa la administración del Presidente Salvador Sánchez Cerén, sin embargo, se respeta la medida.
“Estamos obligados a cumplir la sentencia de un juez”, subrayó.
Pese al disenso con los magistrados, dijo que Gobierno ha cumplido todas las resoluciones de la Sala. “Hoy por hoy, la decisión del Gobierno es continuar haciendo inversión con recursos propios o con préstamos”, pues la seguridad está en una situación delicada y necesita fondos extraordinarios.
