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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
“La Asamblea Legislativa sigue inflexible, seis meses después del inicio de la pandemia del nuevo coronavirus, ya que no han aprobado propuestas como el Régimen de Excepción, superaron el veto al Decreto Legislativo 661 (que tenía serios vicios de inconstitucionalidad) y siguen apostando al desgaste de funcionarios del órgano Ejecutivo que sí están trabajando a favor de la gente con interpelaciones y citatorios a varias comisiones legislativas”, dijo el gobierno de Nayib Bukele, a través de un comunicado, en el que responden al llamado de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) al cese de “insultos y ataques”.
La ANEP instó al Gobierno a dar el ejemplo de respeto. “Ya basta de insultos y ataques, es hora de dialogar y trabajar junto”, sostiene el escrito de la gremial empresarial, tras señalar al gobierno de falta de intolerancia, falta de transparencia, abusos de autoridad y presuntos actos de corrupción.
El Gobierno respondió: “Por parte del órgano Ejecutivo nunca ha cambiado la vocación de diálogo y de construcción de acuerdos, dos temas importantes para lograr solución a la crisis de COVID-19 que vive el país”.
Ernesto Castro -secretario privado de la Presidencia- aseguró que el Gobierno sigue abierto al diálogo y a la construcción de acuerdos, pese a los “obstáculos” que pone la Asamblea Legislativa. Situación que asegura ha venido dilatando el tema de la atención a la emergencia por COVID-19.
El Gobierno presentó la solicitud de declaratoria de emergencia nacional desde hace casi dos meses a la Asamblea Legislativa y esta no ha sido respondida por los parlamentarios. Mientras que, la Sala de lo Constitucional tiene pendiente la evaluación del decreto 661, emitido por la Asamblea, vetado por Nayib Bukele y que tiene pendiente resolución del máximo tribunal salvadoreño.
“La gremial ha obviado que fue la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) las que invadieron facultades del órgano Ejecutivo al quitar las herramientas sanitarias al Ministerio de Salud, ente que según la Constitución de la República debe asegurar este derecho a los salvadoreños, así como otras facultades tuteladas por el Código de Salud, que sigue siendo constitucional”, agregó el Gobierno a través de su escrito.
En cuanto al llamado al “diálogo y al trabajo juntos”, el Gobierno cuestiona que la ANEP y varias de sus representantes renunciaron, en mayo, al Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, instancia de trabajo y entendimiento para enfrentar -en conjunto- el COVID-19.
