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El Gobierno asegura que presentó a la Sala de lo Constitucional el anteproyecto de ley que contiene la solicitud de decretar Estado de Excepción para someter a la población a una cuarentena “estricta” por quince días. Foto Diario Co Latino/Guillermo Martínez

Gobierno afirma que falta de aprobación de Estado de Excepción es con fines electorales

Alexander Pineda 

@DiarioCoLatino

La Presidencia de la República afirmó en un comunicado que cumplió con el mandato de la Sala de lo Constitucional de su resolución 21-2020 al presentar el anteproyecto de ley que contiene la solicitud de decretar Estado de Excepción para someter a la población a una cuarentena “estricta” por quince días más.

El Gobierno acusó a la Asamblea Legislativa de dilatar la aprobación de un Estado de Excepción en todo el territorio nacional que permitiría “aplanar la curva de contagios de COVID-19”, y reiteró que la Sala de lo Constitucional “dejó sin facultades” al Órgano Ejecutivo para enfrentar la pandemia.

“Han confundido el enfrentar el virus con la política partidaria y los intereses rumbo a las elecciones de febrero de 2021”, expuso la Presidencia en un escrito.

El presidente Bukele reprochó que el anteproyecto de Estado de Excepción ha sido discutido sólo una vez en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa desde su presentación el 24 de junio, y que esta instancia ha decidido priorizar las entrevistas de los candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas de la República.

No obstante, diputados de la Asamblea Legislativa han asegurada que la solicitud del Ejecutivo es “un simple corte y pega de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional”, en lugar de una petición acompañada con un plan técnico de lo que va a hacerse y los resultados esperados.

También recordó que la Sala aún no se ha pronunciado ante la controversia suscitada por el Decreto Legislativo 661, que contiene la Ley Especial de Emergencia para la Atención de la Pandemia por COVID-19, Atención Integral de la Vida, la Salud y Reapertura de la Economía, aprobada el 12 de junio pasado y vetada por el presidente Nayib Bukele, porque a su criterio, viola el artículo 86 de la Constitución de la República y se priorizaban en ella los aspectos económicos antes que los sanitarios.

La suspensión de los derechos constitucionales de libre movilidad, libre reunión pacífica y a no cambiar de domicilio, son la medida que a criterio del Ejecutivo se necesita para frenar el contagio masivo de COVID-19. Estas disposiciones ya estuvieron vigentes entre marzo y abril, y el Gobierno no ha planteado medidas sanitarias complementarias a un nuevo confinamiento.

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