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El expresidente de la República Mauricio Funes interpuso un aviso ante la FGR en contra del exfiscal Douglas Meléndez, y el exjefe de la Unidad de Delitos Financieros Jorge Cortez. Foto Diario Co Latino/Archivo.

Funes pide a juzgado nulidad del caso Saqueo Público

Joaquín Salazar
@JoakinSalazar

“Pedí al juzgado Séptimo de Instrucción la nulidad del proceso penal que se sigue en mi contra en el caso “Saqueo Público”. La base de mi petición es que no he tenido defensa real y nadie ha controvertido la escueta y cuestionable evidencia testimonial que presentó la FGR”, explicó el expresidente Mauricio Funes a través de sus redes sociales.

La petición explica el exmandatario, se basa en que a pesar de que la procuraduría general de la República (PGR) nombró una defensora pública, nunca se presentó a ninguna de las diligencias del proceso. “No ha ejercido la defensa real desde que se decretó la detención y la difusión roja en mi contra. En lugar de eso fue designada jueza interina en otro tribunal. Meses después la misma PGR nombró otros dos defensores de oficio, que no se han presentado a ninguna diligencia en mi caso”, agregó.

Este anuncio se da bajo el contexto de que Funes presentó este lunes un aviso ante la fiscalía general de la República (FGR), en el que acusa formalmente al exfiscal de la República Douglas Meléndez, por actos concernientes a corrupción y beneficio desde su cargo como funcionario público; también al exjefe de la Unidad de Delitos Financieros Jorge Cortez, por los delitos de coacción, falso testimonio en calidad de autor mediato y actos arbitrarios, de acuerdo a los artículos 155, 305 y 320 del Código Penal.

“Hay suficiente evidencia de que las acusaciones que enfrento en diferentes juicios en mi contra fueron construidas con base en declaraciones falsas y arbitrarias, obtenidas por la coacción, la amenaza y la tortura practicadas por el equipo de fiscales dirigidos por Douglas Meléndez y Jorge Cortez, en la anterior administración fiscal”, explica el exmandatario.

Desde años pasados el exfiscal general ha mantenido una campaña de acusación en contra de Mauricio Funes, quien se mantiene en Nicaragua junto a su familia bajo asilo político, debido a la persecución política que enfrenta. Entre las principales acusaciones se encuentra la supuesta red de corrupción que lideró el exmandatario desde su gobierno, lo cual movilizó más de 351 millones de dólares, caso conocido como Saqueo Público.

De igual manera, el exmandatario ha sido acusado de haberse beneficiado de contratos por el caso de El Chaparral, donde presuntamente recibió fondos por la culminación del contrato de la empresa constructora. Para ambos casos el fiscal Meléndez y su equipo de fiscales fomentaron sus acusaciones a través de señalamientos que supuestos testigos con oportunidad de criterio realizaron. Hecho que a juicio del expresidente, pueden decir cualquier cosa para salir librados de las acusaciones que enfrentan. También se ha acusado a Funes por casos como la revelación del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), donde se dejó libre a la familia del difunto expresidente Francisco Flores.

Además, durante su administración Meléndez cometió diversos abusos de poder al adelantar criterio y condenar mediáticamente a los imputados que aún seguía investigando. Acciones que a juicio de Funes, cometieron varias infracciones penales.

“De ahí mi decisión de presentar aviso ante la FGR para que se inicie una investigación al fiscal a Douglas Meléndez y Jorge Cortez, y que se formule oportunamente requerimiento fiscal contra ambos, por los delitos mencionados en mi petitorio”, sostuvo en redes sociales. Funes pidió en este aviso que se inicie una investigación por parte de la FGR, que ahora es dirigida por Raúl Melara. De igual manera pide que se formule un requerimiento fiscal en contra de los dos señalados en su aviso de investigación.

“En la práctica se me ha violado mi derecho a la defensa, tal como lo establecen la Constitución y los Tratados Internacionales sobre derechos civiles y políticos. En todo este tiempo he enfrentado un proceso de indefensión total de parte del Estado”, concluyó.

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