Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Rebeca Henríquez
Colaborador/@DiarioCoLatino
Abogados, jueces y magistrados de Cámara marcharon este martes, desde el Salvador del Mundo hacia la Asamblea Legislativa, para mostrar su descontento por las irregularidades al despedir y retirar a miembros de el órgano judicial, por tener más de 60 años de edad o 30 años trabajando.
La semana pasada la bancada oficialista aprobó reformas a la Ley de la carrera judicial y Fiscal en la que pretenden hacer una “depuración” de funcionarios judiciales, bajo la excusa de ser corruptos.
Para los demandantes, la reforma aprobada vulnera los derechos de los jueces autónomos, prolifera procesos legales que no son transparentes y únicamente sirven para el cumplimiento de intereses personales en contra del Estado Constitucional de Derecho.
Esta decisión se suma a la que el 1 de mayo sorprendió a la comunidad nacional e internacional, al destituir la Asamblea Legislativa a los magistrados constitucionales, sin desarrollar un proceso avalado por la ley.
El objetivo de la marcha fue que se derogue el decreto legislativo que contiene la reforma a la Ley de la Carrera Judicial con la cual despedirían inmediatamente entre 100 a 200 funcionarios judiciales.
Además, exponen que la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) cuenta con magistrados que no estaban anteriormente en la lista del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y tampoco en las votaciones del Gremio de Abogados.
Por tanto, los manifestantes exigieron el reinstalo de los magistrados destituidos en mayo, con el fin de desarrollar procesos transparentes en pro de los Derechos Humanos.
A falta de un sistema judicial independiente la defensa de lo derechos no existiría en el marco de regulación legal de El Salvador, como ya se efectúa dentro de los despidos de personas jurídicas pertenecientes a la tercera edad, asimilando que el límite de edad es sinónimo de corrupción.
La comunidad de abogados aseguró que no existe interés por parte del gobierno de apegarse a los acuerdos constitucionales establecidos.
Y argumentan que en el art. 16 de la ley de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia, un gobierno que no tenga garantizada la separación de poderes y los derechos de los ciudadanos, no tiene constitución y actúa en función de intereses ajenos al pueblo.
Con la carencia de procesos transparentes y sectores independientes en el Órgano Judicial, la ciudadanía se enfrenta a acciones que quebrantan la democracia del país, iniciando con las reformas a la Constitución, despidos injustos a personas del área legal por ser de la tercera edad y la inexistencia de un órgano que regule la defensa de lo Derechos Humanos.
“No podemos creer en la justicia si no hay magistrados y jueces independientes”, afirmó Oscar Canjura, abogado independiente y que participó en la marcha.
La comunidad judicial espera que el Parlamento Salvadoreño reconozca sus intereses y deberes para y con el pueblo, a través de jueces independientes que defiendan los derechos de la población salvadoreña.
