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@JoakinSalazar
La Unidad de Comunicaciones del Centro Integrado de Justicia Penal Isidro Menéndez, medical enunció los casos más emblemáticos que pasaron por las diferentes salas de audiencias y juzgados de San Salvador.
Entre los casos emblemáticos destacó el del ex presidente Francisco Flores, ambulance que finalmente y tras la espera, tadalafil el Juzgado Séptimo de Instrucción realizó la audiencia preliminar, el pasado cinco de noviembre, brindando resultados del mismo el tres de diciembre.
El Juzgado Séptimo de Instrucción envió a juicio a Flores, por los delitos de Peculado, Enriquecimiento Ilícito y Desobediencia a Particulares. Sin embargo, en su resolución el juzgador admitió el delito de Lavado de Dinero, el cual fue declarado nulo por la Cámara Primero de lo Penal.
Actualmente, el ex mandatario yace en arresto domiciliar a la espera del juicio que ha sido programado para que inicie el 18 de enero, el cual podría durar entre dos y tres semanas.
En el año 2015, el caso de Francisco Flores ha sido el más relevante para la sociedad, que estuvo pendiente de la realización de la audiencia preliminar, como también de quienes exigen justicia en las calles capitalinas por el caso de malversación de fondos donados por china Taiwán que fueron destinados al partido ARENA.
El segundo caso con más trascendencia para este año, ocurrió a principios de septiembre y fue el supuesto intercambio de bebés ocurrido en el hospital Ginecológico.
En el que es procesado, el médico Alejandro G., quien está a la espera de la audiencia preliminar en el Juzgado Quinto de Instrucción.
“A nivel de cobertura mediática, ha sido el caso que más llamó la atención de los medios internacionales, debido a que uno de los padres afectados es de nacionalidad inglesa”, comentó Marinero.
El entonces fiscal General, Luis Martínez realizó el intercambio de bebes. El bebé de Mercedes Casanella y Richard Cushwroth apareció tras obtener los resultados de exámenes médicos del Instituto de Medicina Legal.
El proceso contra el médico, continúa, debido a que las familias desean esclarecer los hechos, sin embargo, una de las familias afectadas denunció al Hospital privado y solicitó indemnización.
El caso del Diputado por el PCN, Reynaldo López, también fue uno de los casos de mayor relevancia en El Salvador, el parlamentario ha sido acusado por supuesto enriquecimiento ilícito, en la Cámara Primero de lo Civil de San Salvador.
Actualmente, el diputado ha sido notificado por la Cámara para que presente la respuesta a los señalamientos que se le imputan; este juicio se realiza por mandato de la Corte Plena, con base al dictamen de la Sección de Probidad.
También, otro de los casos que ha tenido relevancia se encuentra el juicio por enriquecimiento ilícito contra el ex director general del Instituto Salvadoreño de Seguro Social (ISSS) Leonel Flores Sosa.
El caso, iniciado recientemente también por mandato de la Corte Plena, se encuentra en la Cámara Primero de lo Civil que actualmente ha notificado a la FGR, para que se muestre parte acusadora.
En agosto pasado el Juzgado Quinto de Instrucción envió a juicio al ex ministro de Obras Pública Jorge Isidoro Nieto, al ex viceministro, Sigfrido Ochoa Gómez y otros ex empleados y ex contratistas, por los delitos de peculado, incumplimiento de deberes y falsedad documental, por El proceso relacionado con la construcción del bulevar Diego de Holguín, hoy bulevar Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Todavía no se tiene fecha para este juicio.
Asimismo, entre los casos emblemáticos se encuentra el de los 11 ex futbolistas, que estaban acusados de caso especial de encubrimiento de Lavado de Dinero y Lavado de Dinero, delitos por los que fueron sobreseidos en marzo de 2015, al no encontrarse pruebas de los mismos.
Para este mes se efectuó la captura, con fines de extradición hacia los Estados Unidos, del ex presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Reynaldo Alan Vásquez, quien es reclamado por un Tribunal del Distrito Este de Nueva York, por cinco delitos.
Vásquez guarda detención en las bartolinas de la DAN a la espera de que la Corte Plena decida el procedimiento a seguir, ya que en el país tiene dos procesos judiciales pendientes, uno por estafa y otro por apropiación o retención indebida de cuotas laborales.
En julio, el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, con base al informe del consejo criminológico, concedió la libertad al reo Carlos Augusto Perla, condenado en a 15 años por delitos de corrupción cuando era presidente de ANDA.
El Juzgado estableció que Perla debe presentarse cada tres meses a firmar al Departamento de Prueba y Libertad Asistida (DEPLA) hasta que cumpla la totalidad de la pena en enero de 2019.
El Caso CEL Enel también culminó en julio, tras que el Tribunal Cuarto de Sentencia absolviera penal y civilmente a los implicados, a solicitud del ex Fiscal Luis Martínez, y por cambio de delito el cual llevó a la prescripción de la acción penal.
En este caso, el Fiscal General resolvió la parte civil, debido a que realizó un convenio con la empresa Enel Green Power, en el que absolvía de toda acción penal y civil a los empleados de dicha empresa, sin embargo, los implicados era directivos de CEL y solo uno era de le empresa Enel, quedando a juicio de sectores sociales en la impunidad. Asimismo, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla giró la orden de libertad a favor del condenado Rodrigo Chávez Palacios, mejor conocido como el “descuartizador”.
Chávez Palacios fue condenado por el homicidio de un ex empleado de la alcaldía tecleña, cuyo cuerpo fue desmembrado y repartido en maletas en varios puntos de Antiguo Cuscatlán y San Salvador.
Ante la apelación respectiva, por parte de la fiscalía, la Cámara de lo Penal de Santa Tecla ordenó que Chávez Palacios siga detenido cumpliendo su pena.
En abril, fue acusado por tráfico ilegal de personas el diputado suplente electo por el departamento de Cabañas, José German Iraheta Méndez, quien fue mandado a prisión por el Juzgado Noveno de Paz.
Iraheta, quien no asumió como diputado, este año en la primera sesión plenaria, está a la espera de la audiencia preliminar, de la cual todavía no se ha establecido fecha.
En octubre, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, impuso condenas que oscilan entre los siete y quince años a ocho sujetos por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual.
Esta era una banda que operaba en centros comerciales y que entre sus clientes tenía a profesionales y a personas ligadas con la política y los medios de comunicación, sin embargo, nunca se hicieron públicos los nombres de los clientes, pese a que la Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, demandara la importancia de conocer los nombres.
En 2015 comenzaron las videoconferencias desde los centros penales a los centros judiciales. Las dos primeras de mayor trascendencia han sido la realizada en el Juzgado Especializada de Sentencia de San Miguel, donde que se condenó a 87 personas ligadas a diferentes delitos, entre ellos el ex director y ex subdirector del penal de San Miguel.
Una segunda audiencia fue la realizada por el Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana, contra Carlos Alberto Mojica y otros pandilleros, por los delitos de extorsión, los cuales pasaron a juicio, pero no se estableció fecha.
