Redacción Nacional
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El psiquiatra forense Miguel Fortín Magaña advirtió que podría producirse una escalada de represión si no se restablecen los contrapesos institucionales, tras afirmar que el país atraviesa una dictadura consolidada . Las declaraciones fueron brindadas en Encuentro con Julio Villagrán, en la que el especialista cuestionó directamente al presidente Nayib Bukele, a quien acusó de haber “destruido la República” y de no tolerar el disenso.
El profesional y analista político sostuvo que, desde que el ahora mandatario era candidato a alcalde de Nuevo Cuscatlán, observaba rasgos de personalidad que, a su juicio, no eran compatibles con el ejercicio democrático del poder. “Desde el principio sabía que no era una persona adecuada”, afirmó el profesional, señalando que su análisis se basa en su experiencia clínica y formación en psiquiatría forense.
Sin embargo, indicó que el verdadero punto de quiebre ocurrió tras la llegada al Gobierno central. Según el especialista, la evidencia de una deriva autoritaria se manifestó con claridad el 9 de febrero de 2020, cuando el presidente ingresó acompañado de militares a la Asamblea Legislativa en medio de una disputa por la aprobación de un préstamo para seguridad pública.
Para el entrevistado, ese episodio representó “un acto contra la República” y marcó el momento en que se rompió el orden constitucional. A su criterio, desde entonces el país dejó de tener una división real de poderes. “Aquí ya no existen los tres poderes del Estado funcionando con independencia”, afirmó.
El psiquiatra rechazó el argumento de que en el país no puede hablarse de dictadura porque continúan realizándose elecciones. “En las dictaduras siempre hay elecciones”, sostuvo, citando ejemplos históricos en América Latina, Europa del Este y Asia para reforzar su postura. Según explicó, la existencia de comicios no es garantía de democracia si no hay independencia judicial, libertad plena de expresión ni garantías para la oposición.
Lo anterior, en respuesta al comentario hecho por el presidente de ARENA, Carlo García Saade, quien evitó calificar al actual gobierno de “dictadura”, y prefirió decir “que se encamina hacia una dictadura”.
También aseguró que en el país existe un clima de temor, particularmente en comunidades rurales, donde —según su relato— las personas temen ser detenidas bajo el régimen de excepción. En ese contexto, mencionó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) como símbolo del actual modelo de seguridad, cuestionando la legalidad de algunas detenciones realizadas durante el régimen vigente, y que a cualquier criítico amenzan con “llevarlo al CECOT”.
El especialista relató además una experiencia personal en la que, previo a rendir declaración como perito en un proceso judicial, personal de prensa institucional consultó si enfrentaba algún tipo de proceso penal. Según dijo, el hecho le generó preocupación sobre posibles presiones indirectas hacia voces críticas del Gobierno.
A lo largo de la entrevista, insistió en que su postura no responde a motivaciones personales contra el mandatario, sino a una preocupación institucional. “No respeto a los mentirosos”, expresó, acusando al presidente de incumplir su juramento constitucional al asumir el cargo. En ese sentido, sostuvo que el mandatario ha “mancillado la Constitución” y gobierna mediante la imposición.
El psiquiatra advirtió que el mayor riesgo no es únicamente la concentración de poder, sino la posibilidad de que el miedo deje de ser suficiente para contener el malestar social.
A su juicio, si no existen canales legales y democráticos para expresar el desacuerdo, podría generarse un escenario de mayor conflictividad.
“Cuando no hay ley, la gente termina tomándose la ley por su mano, y eso es anarquía”, señaló. En su análisis, un eventual aumento de la represión podría desencadenar protestas más fuertes y reacciones estatales más severas, generando un ciclo de confrontación.
El especialista concluyó que la única vía para evitar ese escenario es restaurar el respeto al disenso y garantizar que quienes critican al Gobierno no sean considerados enemigos del Estado. Subrayó que en un sistema democrático la oposición y el desacuerdo son legítimos y forman parte del debate público.
“Todo lo que sube tiene que bajar”, expresó al cerrar la entrevista, señalando que los procesos políticos autoritarios, en su opinión, suelen tener un desenlace previsible. “Es la crónica de un final anunciado”, concluyó.
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