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Gloria Cruz del Foro Nacional de la Salud señaló que el Estado salvadoreño, ha manejado inadecuadamente la atención en salud de la mujeres salvadoreñas. Foto Diario Co Latino/Silvia Orellana

FNS lanza campaña “Estado Paralizado” en pro del derecho a la salud

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

“Hay limitantes para atender a la población, porque no se ponen de acuerdo para trabajar en el ECO de la comunidad. El horario de entrada unos llegan a las 7:30 y el doctor a las 10:00 de la mañana y la gente llegó a hacer fila para pasar desde las 5:30 a.m., o el médico llama y avisa que no llegará porque tiene reunión, y la gente se tuvo que ir sin consulta y sin medicamentos”, narró Lucía Llanos, sobre la asistencia médica en la Unidad de Salud San Hilario, Jiquilisco, Usulután.

Con la campaña “Estado Paralizado”, el Foro Nacional de Salud denuncia la ausencia de las instituciones encargadas de garantizar el derecho a la salud de la población y específicamente a las mujeres, que se elevó desde la declaratoria de emergencia nacional por el COVID-19, en marzo del año pasado.

Ada Ortiz, lideresa del FNS, de Jiquilisco, Usulután, señaló que con un sistema de salud enfocado en la emergencia por COVID-19, no se priorizó la atención de servicios especializados, como la prevención y atención del cáncer. Datos del Ministerio de Salud reportan 160 casos de muertes de mujeres por cáncer cérvico uterino, un aumento del 16 %, frente al 2019 que documentó 138 decesos.

“A esto se suma un descenso en la cobertura de distribución de métodos anticonceptivos en del 22.40 % en 2020, comparado al año anterior; y como consecuencia se registran 12,781 embarazos de niñas y adolescentes, es decir, un promedio diario de 35 casos en 2020, que representa el 22.29 %, de la totalidad de inscripciones en la red de servicios de salud. Sin embargo, teme que sea mayor la cantidad, frente al limitado acceso de los servicios de salud, así también, por el cierre de los centros educativos que son muchas veces los primeros en advertir los embarazos adolescentes”, afirmó.

Durante la pandemia del COVID-19, las mujeres embarazadas, se vieron vulneradas, agregó Ortiz, por la escasez de servicios de atención, que se ve reflejado en el aumento de las muertes maternas en un 70.36 % (46 muertes) comparándolo al 2019 que documentaron 27 decesos. Incluso, menores de 18 años.

“Las muertes maternas son totalmente prevenibles con la atención adecuada y oportuna. El 41 % de estas mujeres procedía de municipios de San Salvador y Ahuachapán, la mayoría de zonas rurales y escasos recursos económicos, donde las unidades de salud comunitaria juegan un papel muy importante, acercando servicios como el control del embarazo para dar seguimiento a la evolución de la gestación, para detectar a tiempos complicaciones obstétricas. Pero el desmantelamiento sistemático del Primer Nivel de Salud, y el traslado de médicos, debilitó la cobertura de estos servicios”, explicó.

Asimismo Cecilia Arévalo, formada en los liderazgos de Jiquilisco, recalcó al Gobierno de Nayib Bukele su responsabilidad de garantizar el derecho a una vida libre de violencia, recordando que en muchos casos el “lugar más peligroso para las mujeres es su hogar”, tras señalar que los mecanismos de seguimiento integral y atención fueron suprimidos o reducidos, durante el confinamiento de la cuarentena lo que vulneró sus derechos.

Datos de la Fiscalía General de la República en el año 2020 dice que se presentaron 1,275 denuncias mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar; así como 2,580 denuncias por delitos en contra de la libertad sexual (violación en menor incapaz, agresión sexual, agresión sexual en menor incapaz y estupro). Sobre estos casos es importante exponer la dificultad de muchas mujeres para acceder a los servicios digitales, líneas telefónicas de atención, ya sea por la falta de recursos económicos para comprar datos o por estar bajo la vigilancia de sus agresores”, resumió.

De la violencia Femenicida, el Foro Nacional de Salud citó las estadísticas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y Fiscalía General de la República, que reportaron 130 muertes violentas de mujeres el año pasado. Y el 67 % de los feminicidios se registraron entre los meses de abril y agosto, durante el período de cuarentena domiciliar.

Cuando las mujeres, adolescentes y niñas, tuvieron que convivir con sus asesinos.

“Ante esta realidad, con nuestra campaña exigimos que se busquen mecanismo que permitan a las mujeres de ejercicio libre y seguro de sus derechos sexuales y derechos reproductivos durante la emergencia por COVID-19, porque la pandemia continúa. Restableciendo, en su totalidad los servicios de salud sexual y reproductiva, como la atención ginecológica u otros servicios especializados, como la detección y tratamiento de cáncer, garantizando que no se exponga a condiciones de riesgo a las mujeres a contraer el COVID-19”, sostuvo Gloria Cruz del FNS.

Otras peticiones que consideran de relevancia absoluta, están relacionadas a fortalecer al personal médico y los servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente en las unidades de salud comunitaria (ECOS), a fin de acercar y garantizar el derecho a la salud de las mujeres.

“Se debe actualizar de manera urgente una Política de Salud Sexual y Reproductiva, y retomar el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna. Fortalecer las medidas de prevención, atención y protección a las mujeres y niñas que son víctimas de violencia especialmente en las comunidades. Y disponer de mejor información y estadísticas sobre la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, durante esta emergencia por COVID-19, con el fin de orientar la toma de decisiones sobre el tema y fortalecer la atención hacia las mujeres y niñas. Necesitamos saber de la Política Pública de Salud”, puntualizó Cruz.

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