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Redacción Nacionales
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El economista Rafael Lemus desglosó los puntos clave de los compromisos asumidos por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), señalando que el sistema previsional y la gestión presupuestaria enfrentan riesgos severos de sostenibilidad si no se aplican correctivos de fondo. El mismo FMI reconoce una “grave crisis de liquidez en fondos de pensiones”, reiteró Lemus.
Promesas ‘de papel’ en el sistema previsional
El problema en el Sistema Previsional radica en la reforma de pensiones aprobada por el gobierno de Nayib Bukele, a finales de 2022. Según explicó el economista, dicha normativa congeló por cuatro años el pago de capital e intereses de la deuda acumulada por el Estado con los trabajadores, la cual ascendía a más de 8,300 millones de dólares mediante los Certificados de Financiamiento de la Transición (CFT). Esta medida impidió que el Fondo de Ahorro Previsional recibiera ingresos por más de 2,300 millones de dólares entre los años 2023 y 2026.
Para subsanar este impago, la estrategia acordada por el gobierno con el FMI consiste en la emisión de nuevos títulos de deuda. No obstante, el analista advierte que esta medida no lleva recursos frescos ni liquidez inmediata a las cuentas de los cotizantes. En su lugar, el Estado entregará “papelitos”, promesas de pago programadas a 46 años mediante cuotas semestrales, de 240 millones de dólares, que iniciarán en 2027 y se extenderán hasta la segunda mitad del siglo.
A juicio del especialista, saldar una deuda con más papeles en un contexto donde la deuda pública supera el 90 % del Producto Interno Bruto (PIB) traslada la incertidumbre financiera directamente a los futuros pensionados.
El secuestro de ahorros y pérdida de valor
A la falta de liquidez derivada de los CFT se suma la dinámica de los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP). Estos instrumentos son emitidos trimestralmente para financiar las pensiones de los institutos públicos del sistema antiguo (como el ISSS y el INPEP).
El marco legal obliga al fondo privado de los trabajadores a adquirir estos títulos públicos, los cuales ofrecen un rendimiento formal del 7 %, pero carecen de mercado secundario; es decir, no son negociables ni pueden convertirse en efectivo de forma inmediata.
La mayor distorsión del modelo actual radica en el mecanismo de cancelación: cuando estos títulos vencen, el Estado vuelve a tomar dinero del mismo fondo de ahorro de los cotizantes para auto-pagarse. Este ciclo cerrado genera un drenaje progresivo que deja al fondo previsional compuesto casi en su totalidad por deuda estatal de difícil realización.
Lemus argumenta que, de mantenerse esta lógica, el fondo de ahorro corre el riesgo de quedarse sin activos líquidos para saldar las obligaciones con la fuerza laboral activa cuando esta alcance la edad de retiro.
Pérdida de derechos para los cotizantes
La reforma de 2022 también modificó de manera sustancial las facultades de los trabajadores sobre sus propios fondos. Antes de esa fecha, la ley permitía a las personas realizar un anticipo del 25 % de su ahorro acumulado para cubrir imprevistos u oportunidades personales, compromiso que el afiliado reponía extendiendo su tiempo de cotización o mediante abonos directos.
Con la nueva normativa, este beneficio fue eliminado por completo para los ciudadanos. En contraste, se autorizó al Ejecutivo la capacidad de tomar prestado hasta el 100 % de los recursos del fondo previsional. Lemus catalogó esta decisión como una asimetría injusta donde el dueño del dinero pierde el derecho de uso, mientras un tercero (el Gobierno) sin aportaciones directas dispone de la totalidad de la reserva acumulada.
Presupuesto duplicado sin impacto en la pobreza
El análisis también abarcó la trayectoria del Presupuesto General de la Nación programado para 2027, el cual alcanzará la cifra récord de 12,421 millones de dólares. En comparación con el presupuesto de 2019, que se situaba en 5,638 millones de dólares, el gasto público se ha incrementado en más de un 120 %.
Sin embargo, Lemus enfatizó que este notable incremento de recursos no se ha traducido en una reducción equitativa de la pobreza ni en mejoras sustanciales en la provisión de bienes y servicios públicos básicos.
Pese a contar con más del doble de presupuesto, las comunidades enfrentan un deterioro visible en la red vial —llegando incluso a reparar caminos por cuenta propia ante la reducción de fondos de inversión municipal— y persistentes desabastecimientos de insumos médicos en la red hospitalaria nacional.
En el ámbito educativo, si bien reconoce la entrega de dispositivos tecnológicos a estudiantes, las evaluaciones estandarizadas internacionales, como las pruebas PISA, demuestran que los rendimientos académicos en lectura y matemáticas permanecen estancados en niveles similares a los de administraciones pasadas.
Ajustes en salud pública y copagos
Finalmente, el informe del FMI plantea serias observaciones al costo operativo de la infraestructura tecnológica “DoctorSV”. Con un costo estimado de 10 millones de dólares mensuales (120 millones al año), el organismo financiero considera que el modelo actual es insostenible si se mantiene de forma gratuita para toda la población.
Entre los compromisos de reforma analizados se perfila la focalización del servicio gratuito exclusivamente para los sectores en extrema vulnerabilidad. Para el resto de los usuarios, el informe sugiere la implementación gradual de un esquema de copago en exámenes de laboratorio, diagnósticos y medicamentos.
Rafael Lemus concluyó que estos compromisos reflejan la urgencia de reordenar las finanzas del Estado priorizando la transparencia y la verdadera protección social del trabajador.
