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Fiscalía General retrasa proceso legal contra ex presidente Flores

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La Fiscalía General de El Salvador obstruiría el proceso legal abierto contra el ex presidente Francisco Flores, sick acusado de malversar millones de dólares donados por Taiwán, en un intento por retrasar las pesquisas, afirmó una fuente que pidió el anonimato.

La fuente, allegada a la Comisión Especial legislativa que investiga el paradero de millones de dólares entregados al ex mandatario por anteriores gobiernos de Taiwán, explicó que el Ministerio Público, que lleva la batuta en el caso, “no hace nada” por agilizar las investigaciones contra el ex mandatario y se “escuda” para ello en la Policía Nacional Civil (PNC) y la INTERPOL.

La conclusión habría sido tomada por miembros de la instancia legislativa y autoridades de Seguridad Pública durante un encuentro privado que ambas partes sostuvieron el lunes en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en San Salvador, detalló la fuente.

El Fiscal General, Luis Martínez, ha dicho que la búsqueda del ex mandatario ha quedado en manos de las autoridades policiales salvadoreñas y de la INTERPOL, aunque cuando fue abierto el caso, en enero pasado, y el ex mandatario aceptó que Taipei le había dado millones de dólares en calidad de donaciones, el funcionario no ordenó ninguna medida cautelar para evitar su fuga.

El Fiscal General, quien fue apoderado legal de Flores, dijo la fuente, “se escuda en la policía para justificar el retraso en el proceso (penal)” que se sigue contra el ex mandatario en un cuestionado tribunal de San Salvador.

“Ojalá que lo traigan preso”

“Quiero que sean contundentes con Flores, que lo traigan preso, porque es prófugo”, pidió el cafetalero y ex presidente del partido político ARENA, Antonio Salaverría, quien acudió el martes al seno de la instancia legislativa para ser sometido por los legisladores a un segundo interrogatorio, por una firma suya que aparece en la apertura de una cuenta en un banco salvadoreño en Costa Rica.

Salaverría explicó a los parlamentarios que su rúbrica en el documento de apertura de la cuenta bancaria, hecha en el Banco Cuscatlán, de la capital costarricense, habría sido plagiada por el ex mandatario, quien le habría hecho firmar una tarjeta para ello.

La cuenta bancaria en Costa Rica fue abierta con $10 millones donados por Taiwán a El Salvador a nombre del partido político ARENA y con él se habrían financiado campañas electorales, como la del ex presidente Antonio Saca.

El cafetalero mostró preocupación, “porque estoy viendo y sintiendo que ésto (el caso Flores), se nos está yendo. Me preocupa no ver querellantes de los afectados”.

Además de la Fiscalía, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) se ha mostrado parte en el caso contra el ex mandatario.

Informes oficiales de Taiwán enviados al gobierno salvadoreño detallan que los millonarios montos habían sido dados al ex presidente Flores para socorrer a las víctimas de los terremotos de 2001, para la construcción de barreras en zonas de alto riesgo y para favorecer a afectados por fenómenos naturales.

La diputada de Democracia Salvadoreña (DS), Claudia Ramírez, recordó que al ex mandatario, Presidente Honorario de ARENA, se le investiga por el paradero de más de $100 millones dados a Flores por autoridades de la antigua isla Formosa.

Advirtió que a los dirigentes de la opositora ARENA “esta situación (el caso Flores) se les ha salido de las manos por estar encubriendo a ese personaje”.

“Lo preocupante – añadió la parlamentaria -, es que la gente pregunta qué pasó con  Paco Flores”.

Guillermo Gallegos, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), reconoció que “ni la misma autoridad sabe dónde está Paco Flores, pero el brazo de la justicia llegará hasta donde se encuentre”.

El legislador por el FMLN, Antonio Echeverría, mostró preocupación porque la Fiscalía General “solo judicialice partes” del caso de presunta corrupción contra el ex gobernante, como los $10 millones de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), enviado a la Fiscalía salvadoreña por autoridades de Estados Unidos.

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