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David Morales -exprocurador para la defensa de los Derechos Humanos- sostiene que el fiscal general debe promover antejuicios contra el presidente y el ministro de Defensa por bloqueo al caso El Mozote. Foto Diario Co Latino/Archivo

Fiscal debería promover antejuicios contra el presidente y ministro de Defensa

Mirna Jiménez
@DiarioCoLatino

El exprocurador de los Derechos Humanos, David Morales manifestó que tanto el presidente de la República, Nayib Bukele, como el ministro de Defensa, Francis  Merino Monroy, están bloqueando la investigación de la masacre de El Mozote, por lo que el fiscal general debería promover antejuicios contra quienes obstruyan la justicia.

“Es insostenible decir que el presidente va a decidir cuándo una orden judicial es válida y cuándo no; es un ataque a la independencia judicial, es una violación a la ley, se incurre en delito, y el fiscal general debería promover los antejuicios correspondientes”, manifestó Morales.

La Fuerza Armada ha bloqueado el ingreso del juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, a varias instalaciones militares donde tiene programado buscar archivos de la época de la masacre, y tanto el presidente Bukele como el ministro Merino han externado públicamente su negativa a estas indagatorias.

Morales dijo que este bloqueo a una diligencia judicial dentro de instalaciones militares conlleva el cometimiento de varios delitos de parte de aquellas personas responsables de haber impedido el procedimiento.

En este caso se habrían cometido los delitos de actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, desobediencia a una orden judicial y encubrimiento, según el abogado acusador.

“Están obstaculizando investigaciones que derivan en proteger y permitir que los criminales de guerra evadan la justicia”, dijo Morales.

A la fecha, el Gobierno ha impedido que el juez de la causa busque archivos militares dentro de varias instalaciones del Ejército, bajo el argumento de que estas diligencias “ponen en peligro la seguridad nacional”, pero la Sala de lo Constitucional denegó el lunes un recurso presentado por Merino contra esas indagatorias y señaló que tal procedimiento judicial no pone en peligro la seguridad nacional.

Adicional a los delitos por impedir las diligencias judiciales, Morales dijo que el presidente Bukele habría caído en otra ilegalidad al remover archivos del caso, lo cual ha sido prohibido por el juez.

Este delito, incluso, fue confesado públicamente por el mandatario cuando anunció que había recolectado pruebas del caso para ponerlas a disposición del juez y que ya no había más pruebas en instalaciones militares porque las destruyeron en anteriores administraciones, afirmó en una cadena de radio y televisión.

“Si el presidente Bukele llegó ahí, revisó, ordenó que se sacaran los archivos -eso dijo en la cadena-; entonces, lo que está haciendo ahí es incumpliendo una orden judicial, que es la medida cautelar. Lo que el presidente hizo fue confesar un delito en cadena nacional”, afirmó el exprocurador.

Por su parte, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, dijo que desde 2016, tras un veredicto de la Sala de lo Constitucional para procesar a criminales de guerra, “excusa no hay” para no acceder a cualquier documento en busca de la verdad.

Añadió Tobar que está en manos de la Fiscalía General de la República proceder en este caso de entorpecimiento de una diligencia judicial, como lo establece la ley.

Morales dijo que lamentablemente “la Fuerza Armada sigue siendo un suprapoder por sobre el Estado de Derecho”, y esas no son buenas noticias para la democracia salvadoreña.

Según el defensor de los derechos humanos, los militares “son un poder real, y en este tema se colocan sobre el estado de derecho, y los presidentes que han sostenido el militarismo, que se está exacerbando como herramienta política de control, se han plegado a estos intereses”.

Morales dijo que parece “injustificable, inexplicable”, que a estas alturas, un ministro y un presidente, que no fueron actores de la guerra, a diferencia de los gobiernos anteriores, muestren la misma conducta que sus antecesores.

Añadió que el aparente respeto a la institucionalidad del país de parte de la Fuerza Armada “es relativo”, porque “desde el inicio de los Acuerdos de Paz (en 1992), se ha opuesto a las investigaciones y ha glorificado represores como Domingo Monterrosa”, acusado de dirigir la masacre de El Mozote.

“No puede haber una explicación justificada racionalmente, es una posición política de negación de la historia, de proteger criminales, y entonces un falso sentido de proteger su honor”, dijo Morales en el programa Debate con Nacho Castillo.

Sobre las pruebas que anunció el presidente que entregaría al juez, tanto el procurador como el abogado Morales aseguraron que ninguno de los presuntos documentos que Bukele presentó públicamente como material del caso El Mozote, han sido llevados al proceso.

“No se ha desclasificado nada, es totalmente falso”, aseguró Morales, quien rechazó la versión de un asesor jurídico de la presidencia en el sentido que ya se entregaron archivos del caso a la justicia.

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