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Integrantes de la primera Junta Revolucionaria de Gobierno. Foto Diario Co Latino/Archivo

Tras 41 años del último Golpe de Estado perpetrado en El Salvador, diferentes sectores consideran que actualmente hay señales en la que la institucionalidad militar y policial puedan incurrir en comportamientos del pasado.

Ezequiel Linares
Joaquín Salazar
@DiarioCoLatino

El 15 de octubre de 1979, un golpe de Estado encabezado por el autodenominado movimiento de la Juventud Militar derrocó al presidente salvadoreño, al general Carlos Humberto Romero (1977-1979), poniendo fin a 17 años de gobierno del conservador Partido de Conciliación Nacional (PCN) y a 50 años de dictadura militar. Este hecho marcó la historia, como antesala al conflicto armado salvadoreño que derivó en miles de muertes e históricas violaciones a los derechos humanos.

El capitán Francisco Mena, quien se incorporó a la guerrilla, donde fue conocido como el comandante Manolo, en un artículo publicado en Diario Co Latino recordó que el golpe de Estado de 1979 es un claro ejemplo de la utilización de la FAES para fines políticos, y que en la actualidad hay señales que muestran comportamientos del pasado, en la que destacó que las fuerzas militares fueron usadas como miembros de un partido político para que “en nombre de la democracia fuimos parte de la creación en nuestro país de un caos político, económico y social que llevó a una sangrienta guerra” civil.

Saúl Baños -director Ejecutivo de FESPAD- asegura que inicialmente fue un intento de cambiar por parte de los militares jóvenes el rol que venía teniendo el ejército en cuanto a la violación de los derechos humanos, fomento y tolerancia a la corrupción, desprestigio del país y fraudes electorales.

Y en el actualidad “La FAES no debe jugar un rol diferente que permita romper el orden democrático del país”, dijo Baños al recordar sobre el papel constitucional otorgado a la FAES en la firma de los Acuerdos de Paz.

El capitán Emilio Mena Sandoval, quien formó parte de la Juventud Militar que participó en el golpe de Estado contra el gobierno del general Carlos Humberto Romero. Luego se incorporó a la guerrilla, debido a la desnaturalización del golpe, donde fue conocido como el comandante Manolo.

Para Baños, las consecuencias del golpe no fue solo el derrocamiento del general Romero, sino también la disolución de la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, y si bien es cierto el golpe rompió con los regímenes militares, también abrió la puerta al conflicto armado que se mantuvo por doce años, ya que altos mandos usurparon el poder ganado por la juventud, agregó Baños.

“La intervención del Ejército en el golpe de 1979 parece como positiva, pero la historia determinó que fue aparentemente positiva, comparándolo con la actualidad, mucha gente cree que el rol que tiene el ejército actualmente es positivo… Pero podría tener un efecto negativo, tal cual lo tuvo en 1979”, explicó.

El sociólogo Henry García sostiene que el golpe de Estado dio la impresión que buscaba atender las demandas de los sectores populares, sin embargo, los intereses contrapuestos de militares y oligarquía salvadoreña del momento, nunca lograron consolidar el proyecto, pasaron tres años sustituyendo una junta por otra.

“El papel de los militares fue tratar de siempre defender los intereses de la oligarquía, tratando de bajar su discurso. Pero en esencia nunca dejaron de defender los intereses oligárquicos… El aprendizaje que queda es que se trató de cambiar la imagen del ejército, más humana, pero en esencia es represión, doctrina verticalista y una mística de querer hacer cumplir las cosas de la clase oligárquica del país”, afirmó García.

Gustavo Acosta -diputado del FMLN- recordó sobre el papel predominante que tenía la Fuerza Armada de El Salvador, para influenciar en la vida política y social del país, influencia que presenta muchas características en la actualidad. “Básicamente ellos eran los que le daban el respaldo al régimen de turno para que pudiera o no perpetuarse en el poder”, explicó.

Acosta agregó que todo esto pone en riesgo realmente el proceso democratización del país, pone en riesgo la vida política y social de El Salvador y es un riesgo para la democracia, el que la fuerza armada esté siendo instrumentalizada por parte de un sector de la política que en este momento está en la presidencia de la República.

“Es que nuevamente hay un interés de usar a las fuerzas armadas como un soporte para la política y ya estamos viendo las señales del irrespeto de la fuerza armada al poder político como lo manda la Constitución. Un ministro de Defensa que se vuelve cómplice de una toma militar de la Asamblea Legislativa por orden del presidente de la República en una lógica de coaccionar a la Asamblea Legislativa para que apruebe una propuesta de préstamo que el presidente de la República estaba impulsando y de una manera totalmente arbitraria”, manifestó.

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