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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Fiscalía General de la República presentó recientemente el requerimiento en los tribunales contra los líderes de ADES Santa Marta, capturados el pasado 11 de enero en horas de la madrugada, en un operativo realizado conjuntamente la Policía Nacional Civil (PNC), acusado de diversos delitos entre estos “agrupaciones ilícitas”, que es la que se le aplica a las pandillas amparados en la Les del Estado de Excepción.
El representante fiscal afirmó que se trata de seis personas de la comunidad Santa Marta y dos personas más que están ausentes, entre ellos Eduardo Sancho, conocido como el excomandante guerrillero Fermán Cienfuegos, quien fuera el máximo dirigente de la Resistencia Nacional, una de las cinco organizaciones integrante del FMLN. Además, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Teodoro Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas Ortega, Fidel Dolores Recinos Alas, Arturo Serrano Ascencio y Alejandro Laínez García, directivos de ADES y líderes comunitarios. “Se les acusa de asesinar a María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, en donde irrumpieron en la vivienda de María Inés, la privaron de libertad y la trasladaron a un campamento guerrillero donde la torturaron y asesinaron”, dijo el fiscal.
“Todos ellos miembros de la exguerrilla y unos con mando de jefatura de escuadra o pelotón, otros comandantes de zona y otros comandantes nacionales. Y se les está atribuyendo el delito de privación de libertad, de asesinato y también de agrupación ilícita en aquél momento”, agregó el fiscal del caso. En cuanto a las pruebas con las que dice contar, agregó que tenían “prueba testimonial” que les permitió la referencia de como ocurrieron los hechos que terminó con la muerte de la víctima.
“Tenemos el testimonio de como sacaron a esta persona en la madrugada, de su hogar, los miembros del FMLN, en aquel momento, como la llevaron al campamento guerrillero y como procedieron a torturarla por 15 días y luego la asesinaron”, indicó el fiscal.
“En la etapa inicial solo nos basta (Fiscalía) tener indicios de la participación y comisión de hechos delictivos y tenemos una partida de defunción que refiere la hora y causa de muerte de occisa María Inés y los familiares de ella que han colaborado con la investigación”, afirmó el funcionario al señalar que será en los tribunales quienes definan su culpabilidad o los exoneren.
Asimismo, la Fiscalía General de la República informó que la audiencia inicial está programada para el próximo jueves 19 de enero, a las 8 de la mañana en los Juzgados Victoria, Cabañas.
Mientras, pobladores de la comunidad de Santa Marta y los integrantes de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES), han manifestado, luego de esta captura, que unos agentes de la Fiscalía General de la República se presentaron en la comunidad en junio del año pasado con el argumento de “querer investigar el caso de la masacre de Santa Marta”, con miembros del Comité de Memoria Histórica.
En efecto, en esa zona si hubo masacres cometidas por el ejército, lo que obligó a miles de pobladores de la zona refugiarse en el campamenteo de Mesa Grande, Honduras. Algunos de los capturados estuvieron en calidad de refugiados durante muchos años.
Los pobladores explicaron a estos fiscales que después de ser repoblado no hubo ninguna masacre, porque todos sus habitantes forman parte de los sobrevivientes de varias de las masacres ejecutadas por la Fuerza Armada (FAES) durante el conflicto armado en la década de los años ochenta y como repobladores luego del exilio obligado a Mesa Grande, Honduras, pudieron volver a su territorio, reiniciaron sus vidas y también interpusieron denuncias sobre la Masacre del Río Lempa y Santa Cruz, pero aún no han obtenido respuesta por parte de la Fiscalía.
Se ha señalado reiteradamente la falta de justicia de casos emblemáticas como la masacre de El Mozote y sitios aledaños (diciembre 1981), la masacre de El Calabozo (agosto 1982) , la Masacre de La Quesera (octubre 1981) y la del Río Sumpul (mayo 1980), en donde las víctimas han presentado sus denuncias con pruebas técnicas y científicas, pero aún no han capturado a los militares implicados, pero la Fiscalía ni el sistema judicial han procedido como lo han hecho con los recién capturados.
Leonel Rivas, habitante de la Comunidad Santa Marta, ha señalado que les llamó la atención la visita de la Fiscalía General de la República, en la comunidad, al considerar que como sobrevivientes habían realizado anteriormente algunos procesos como víctimas sin ser atendidos.
Y con este expediente que les presentaron los fiscales que tenía fecha del 20 de junio de 2022, les afirmaron que era un “caso que iba corriendo”, por lo que dudaban de la intención de reivindicar justicia del ente fiscal, como está quedando claro con la persecución y captura de los líderes de la zona.
Milton hijo, de uno de los capturados, exigió a la Fiscalía un “proceso transparente frente ante los procesos amañados“, coincidiendo en las experiencias que afirmaron tenían por el comportamiento de la Fiscalía y esperaban que esta detención no fuera parte de una “agenda política mal intencionada”.
“El conflicto se dio por este tipo de situaciones (contra la sociedad civil) , entonces, queremos que las instituciones operen de manera transparente y sigan el proceso adecuado. Porque son personas trabajadoras que se han visto implicadas en un proceso apresurado y extraño”, manifestó.
En cuanto al trabajo comunitario desempeñado por la comunidad y la directiva de ADES-Santa Marta, señalaron sus habitantes que temen que esta acción de capturar y criminalizar el liderazgo comunitario se deba a la defensa y lucha social que ellos realizaron durante la lucha social contra la minería metálica que impulsaba en San Isidro Cabañas, la minera canadiense Pacific Rim/Oceana Gold, y que de cuya resistencia social culmina con la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador, que fue votada de forma unánime por la Asamblea Legislativa.
Además del gane de la controversia mercantil ante el CIADI (Banco Mundial), en donde la minera pretendía una indemnización de 250 millones de dólares, por parte del Estado salvadoreño, en el año 2016, demanda que perdió, porque el fallo reconoció a las comunidades que hicieron resistencia con la denuncia y la actividad de lucha social. Los d.
Los capturados también han recibido apoyo internacional como las organizaciones participantes del III Encuentro Continental por el Agua y Crisis Climática- Cuenca-Ecuador, la Iglesia Bautista y diversos colectivos ambientalistas, de derechos humanos, mujeres feministas y Pueblos Indígenas nacionales otras entidades internacionales.
