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Redacción Nacionales
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El Movimiento Indígena para la Articulación de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA) denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) ha obtenido información personal, familiar y patrimonial de líderes indígenas comunitarios.
El pasado mes de agosto, la FGR solicitó información a la Unidad de Documentación Familiar de Intipucá, departamento de La Unión, de nueve miembros de MILPA El Salvador, de los cuales siete se encontraban acusados de usurpación de tierras, quienes posteriormente obtuvieron dos sentencias judiciales favorables a favor de dos dirigentes de la organización indígena.
“Nos inquieta el por qué la Fiscalía solicitó información sobre los miembros de MILPA El Salvador, si no existen procesos de investigación activa, lo cual estaría riñendo con la legalidad de este tipo de procesos y prestándose a especular que la información personal, familiar y patrimonial sea utilizada fuera del marco de la ley para silenciar las voces de las lideresas y líderes indígenas de MILPA”, señaló un representante de la organización en Intipucá.
El representante exigió a la Fiscalía General de la República que esclarezca las razones de la diligencia del requerimiento de información, sin la existencia de procesos judiciales activos en contra de los miembros de MILPA El Salvador, el temor es que esta información obtenida en la alcaldía sea entregada en manos de personas particulares y ellos hagan algo en contra de la comunidad.
“Tenemos temor y por eso pedimos a las autoridades competentes que investiguen, y que también ellos se pongan a la defensa de nosotros, porque somos comunidad, somos defensores y defensoras de nuestros derechos. Pedimos que nos ayuden porque si la Fiscalía no ha encontrado nada legalmente en nuestra contra, que esclarezca quién está solicitando información acerca de nosotros”, sostuvo.
El dirigente de MILPA hizo un llamado a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a que requiera información a la Fiscalía sobre los motivos por los que investigan a los líderes y lideresas y solicitó información de los miembros de MILPA El Salvador, pues la Fiscalía notificó que no se registran expedientes de investigación penal activos.
A la vez, exhortó a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos y el cuerpo diplomático, a prestar atención y brindar sus buenos oficios, para evitar que se siga criminalizando y persiguiendo a las defensoras y defensores de la tierra y de los derechos humanos de El Salvador.
“Nosotros no tenemos cuenta pendiente con la ley y es por eso que ellos no han encontrado nada en contra de nosotros, pero, que nos digan, quién nos está investigando, y a dónde llegó esa información de nosotros y de nuestras familias”, recalcó.
MILPA enfatizó que posteriormente solicitó a la FGR información sobre la existencia de procesos judiciales; ante lo cual la Fiscalía notificó que no se registran expedientes de investigación penal activos en contra de los miembros de dicha organización.
El requerimiento de información por parte de la FGR con el agravante de inexistencia de base legal, puede develar una persecución de carácter político y no solo judicial, por la posición de MILPA El Salvador en función de los auténticos intereses de las comunidades campesinas e indígenas presentes en los territorios en disputa ante los intereses de grupos empresariales, con la posible complicidad de entidades gubernamentales.
Ángel Flores, coordinador de MILPA, denunció que a mediados de octubre, por segunda vez agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), la FGR y representantes de la empresa Desarrollo Turístico del Pacífico, propiedad de la familia Murray Meza, irrumpieron en la Comunidad El Icacal, de Intipucá, La Unión.
Flores dijo que el desplazamiento forzado se está agudizando en el país, está ocurriendo en la zona costera oriental de El Salvador, es parte de la agudización de la violencia institucional contra las comunidades, y el proceso de despojo de tierra en marcha en la zona oriental.
“La empresa de los Murray Meza es parte del conglomerado PROMAR, donde están las viejas familias poderosas del país, que se disputan la franja costera marina, donde se está desarrollando una nueva configuración, desde la franja sur de los municipios de Usulután, San Miguel y La Unión, justo donde se encuentra la Cuenca Hidrográfica Sirama”, externó Flores.
Flores denunció que en menos de dos años, cerca de 18 comunidades enfrentan la amenaza de ser despojadas de sus tierras, tanto por grupos empresariales como por entidades de gobierno.
La franja costera marina del oriente de El Salvador es el sector donde mayor disputa se da desde el anuncio de Bitcoin City, posteriormente ha ido cambiando de nombre debido a la poca popularidad del bitcoin, hoy se está desarrollando el tema del Sur City 2, un circuito turístico, pero que al final son los mismos intereses, pero con diferente nombre.
