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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Fiscalía General de la República presentó ante el Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián, en San Vicente, una solicitud de detención de los exjefes militares vinculados a la masacre conocida como de “El Calabozo”, efectuada el 22 de agosto de 1982.
La masacre se habría dado en San Estaban Catarina, donde efectivos militares, en el marco de un operativo en contra de las fuerzas insurgentes, asesinaron a más de 200 personas entre mujeres, ancianos y niños, a quienes acusaban de ser colaboradores de la guerrilla. Los fiscales de la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos Durante el Conflicto Armado informaron los nombres de las personas a quien solicita la detención: el general Guillermo García, los coroneles Sigifredo Ochoa Pérez, Napoleón Alvarado, Rafael Flores Lima, así como del general Juan Rafael Bustillo como cómplice no necesario.
El Ministerio Público informó que el escrito donde se solicita la detención se presentó de conformidad a lo que establece el Código Procesal Penal del año 1974, y los delitos que se les atribuyen son: “asesinato, actos de terrorismo, daño agravado, robo y privación de libertad”.
La FGR señaló a través de una conferencia de prensa que “está procurando que todos estos eventos que se dieron durante la guerra no queden en impunidad, y a medida que se va realizando las investigaciones se van presentando las solicitudes correspondientes ante los tribunales de justicia”, ya que como la masacre de “El Calabozo” existen muchos otros hechos más, ocurridos en el marco de la guerra civil, externó.
Sala de lo Civil revoca sentencia contra ex presidente de la CSJ
A través de Twitter, la Fiscalía General de la República informó que la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia contra Agustín García Calderón, expresidente de la CSJ, la cual desestimaba la pretensión del supuesto enriquecimiento ilícito, y lo declaran culpable de tal delito por lo que deberá pagar $230,863.77.
Habrá que traer en contexto que Calderón fue absuelto por la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador en mayo del año pasado. En ese momento, la instancia dijo que el exmagistrado presidente no se había enriquecido ilícitamente cuando ocupó un puesto de magistrado entre el año 2000 al 2015, e incluso ordenó levantar los embargos de propiedades y los congelamientos de sus cuentas bancarias. Pero hoy, la Sala revocó tal medida.
Medidas sustitutivas para Mauricio Ramírez Landaverde
Además, este viernes se desarrolló la audiencia especial en contra del exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, acusados de presuntos actos arbitrarios y peculado en el caso ASOCAMBIO (Asociación Yo Cambio).
En dicha audiencia, el juzgado segundo de instrucción resolvió dar medidas sustitutivas a la detención provisional a favor de Ramírez Landaverde y para Ramon Fernando Roque Martí. Sin embargo, para gozar de dicho beneficio, deberá pagar $10,000, no cambiar de domicilio y tampoco salir del país, según la orden.
Por su parte, el fiscal del caso dijo no estar de acuerdo con la resolución emitida por la jueza por lo que hará uso de los recursos legales para revertir la decisión. “La Juez no ha tomado a bien que por la calidad que tenían los imputados en su momento y por encontrarse actualmente trabajando en una institución pública, la cual es encargada de la investigación de un delito, estos pueden llegar a interferir con los actos de investigación al contaminarlos, afectando con esto, el objetivo principal del proceso penal como es encontrar la verdad real”, señaló la representación fiscal.
Los procesados no deberán acercarse a personas que pueden estar vinculadas a la investigación del caso. “Esta medida es bastante cuestionable porque en realidad, no hay una manera efectiva de controlar la no vinculación de los imputados con este tipo de personas”, manifestó el fiscal.
