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Estados Unidos ha señalado a más de una docena de funcionarios actuales de presuntas acciones al margen de la ley, como compras indebidas en el marco de la pandemia, violación a derechos humanos y pacto con las pandillas. Foto Diario Co Latino/Archivo.

FGR afirma que se basará en pruebas para acusar a funcionarios señalados de corruptos

Samuel Amaya
@SamuelAmaya98

Sobre los diversos casos de presunta corrupción en El Salvador por parte de funcionarios del actual gobierno, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, afirmó que serán las pruebas las que desembocarán a las acusaciones en los tribunales.

Solo Estados Unidos ha señalado a más de una docena de funcionarios actuales de presuntas acciones al margen de la ley, como compras indebidas en el marco de la pandemia, violación a derechos humanos y pacto con las pandillas. La misma Fiscalía, pero que era controlada por el exfiscal Raúl Melara, investigó a funcionarios de la actual administración, pero estas no se lograron presentar a los tribunales.

Delgado dijo que la FGR realiza investigaciones de naturaleza “objetiva”; es decir, no se fijan en las personas que cometen los hechos criminales, sino que tratan de averiguar qué es lo que sucedió en cada uno de los delitos que son denunciados.

Entre los que han salido manchados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por ser actores “corruptos” y “anti-democráticos”, se encuentran los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional impuestos por Nuevas Ideas el primero de mayo, la jefa del gabinete, Carolina Recinos y el director de Centros Penales, Osiris Luna.

Los últimos dos también aparecen en los sancionados bajo la Ley Magnitsky. A Recinos se le señaló de presuntas malversaciones de fondos públicos para beneficio personal; a Osiris Luna Meza y Carlos Marroquín, director de Tejido Social, fueron señalados de negociar con las pandillas a cambio de beneficios electorales para el partido político Nuevas Ideas durante las pasadas elecciones legislativa y municipales.

Por su parte, Delgado sostuvo que serán las pruebas las que determinarán las acusaciones que van a formular en los tribunales de justicia.

Los funcionarios, exfuncionarios y empresarios que salen en la Lista Engel tienen prohibido el ingreso al territorio norteamericano, ya que la VISA se les canceló por aproximadamente 3 años; mientras que a los que se les aplicó la Ley Magnitsky tienen además congeladas las cuentas, transacciones y bienes que tengan relación con dicho país.

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