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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“A casi 21 años de existencia de los estándares internacionales de protección a personas defensoras de derechos humanos, El Salvador no cuenta con marcos normativos, leyes o políticas que protejan a las personas defensoras”, dijo Loyda Robles, a cargo del Programa de Transparencia y Anticorrupción de FESPAD.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) lanzó la campaña “Defendiendo Derechos Construimos Paz”, por la defensa de los derechos humanos de las personas defensoras, quienes por ahora no cuentan con un marco jurídico que garantice su libre ejercicio de abogar por sus demandas, sean estas colectivas o individuales. La campaña, señaló Robles, tiene el objetivo de visibilizar el aporte de las personas defensoras de derechos humanos desde sus distintas aristas y realizar un enérgico llamado a las instancias del Estado salvadoreño, que tienen la responsabilidad de redactar y aplicar normativas y políticas en esta materia, de la que por ahora carece el país.
“Pedimos a la Asamblea Legislativa que pongan todos sus esfuerzos en crear normativas necesarias para garantizar el derecho a defender derechos y dar respuesta a las observaciones internacionales. Y que retomen la propuesta presentada por las organizaciones de la sociedad civil, con su anteproyecto de Ley de Protección Integral a Personas Defensoras de Derechos Humanos, que presentó hace un año la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, de la que FESPAD forma parte”, señaló.
En cuanto al órgano Ejecutivo, Robles solicitó retomar la propuesta de los “Lineamientos para una Política Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos”, que presentó FESPAD en el año 2018, a fin de dar una respuesta integral y efectiva al reconocimiento del derecho a defender derechos de la institucionalidad del nuevo gobierno. “La campaña tendrá una duración de tres meses y estará compuesta por contenidos en redes sociales, publicaciones en prensa, acciones de sensibilización, presentación de un informe situacional sobre las personas defensoras de derechos humanos, exposiciones fotográficas que documentan el trabajo de las personas defensoras y otras acciones”, señaló.
Blanchi Orellana del Programa de Transparencia y Anticorrupción que tiene a cargo la campaña afirmó, no existe un “registro oficial” sobre la vulneración de los derechos de las personas que defienden derechos colectivos o individuales; de ahí la necesidad de contar un marco jurídico.
“El Estado salvadoreño debería contar con un registro oficial entre las instancias correspondientes como: Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero no existe. Son las organizaciones de la sociedad civil las que llevan un registro en el área a la que se dedican, como la Red de Defensoras de Derechos Humanos, que llevan un registro de 23 mujeres defensoras agredidas en lo que va del año. O sea, son las organizaciones las que toman como bandera propia lo que es responsabilidad de la institucionalidad”, argumentó.
Asimismo, destacó que los asesinatos de los ambientalistas por la minería metálica en San Isidro, Cabañas (Pacific Rim/Oceana Gold), o el asesinato de varias defensoras de la población LGBTI (mujeres trans) en el departamento de La Paz han sido registrados como crímenes por la violencia común, cuando existen otros trasfondos o intereses.
