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Oscar López
@Oscar_DCL
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) denunció que desde el Ejecutivo se pretende debilitar el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), esto debido al nombramiento de personas que no cumplen con los requisitos para ser comisionado de dicho instituto.
“Hay mucha intencionalidad de que no funcione la institucionalidad del Instituto de Acceso a la Información Pública. Nos parece que hay omisiones serias que hay que atender y también responsabilidades de algunos funcionarios públicos, eso nos lleva a creer que puede haber intención y apuesta de que el Instituto no funcione en casos en los que están vinculados funcionarios del actual gobierno y de gobiernos anteriores”, declaró Saúl Baños, director ejecutivo de FESPAD.
De igual forma, FESPAD consideró que existe un uso discrecional de la Ley de Acceso a la Información Pública. “Hay un reglamento general de la Ley en el cual se están basando para hacer o no el procedimiento adecuado a la ley”, dijo Baños.
Por lo que FESPAD argumentó que se “está profundizando la debilidad institucional en materia de transparencia y lucha contra la corrupción en el país, los avances que se habían logrado con la implementación de la ley. No sabemos si hay interés de parte de las instituciones del Ejecutivo, de Casa Presidencial en particular, de debilitar el Instituto de Acceso a la Información Pública, parece ser que sí”.
Asimismo, indicaron que en el proceso de elección de los comisionados recién nombrados hubo ilegalidades cometidas por la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República; entre ellas, que la elección se realizó con dos entidades que inscribieron candidatos.
“La Ley de Acceso a la Información Pública, en el artículo 53, inciso quinto, regula que la terna de comisionados propietarios y suplentes debe de ser elegida por mayoría simple; es decir, para elegir una terna se necesitan tres entidades, si solo concurren dos no se puede elegir esa terna, porque cada una de las entidades tiene derecho a un voto”, explicó Loyda Robles, coordinadora del Programa Transparencia y Anticorrupción de FESPAD.
Otra de las irregularidades es que algunos de los candidatos propuestos por las entidades electoras no cumplían los requisitos que establece el artículo 54 de la Ley de Acceso a la Información Pública; sin embargo, fueron inscritos para participar en la elección para comisionados al IAIP.
“En el caso del candidato que posteriormente fue nombrado por la Presidencia de la República, Juan Carlos Rodríguez presentaba un claro conflicto de interés porque era director de comunicaciones de un ministerio; no obstante, es nombrado y claramente se nota en las audiencias que hubo en el Instituto en las que fue recusada su participación y no pudo estar en ninguna de aquellas que eran en contra de la Presidencia de la República por conflicto de intereses”, añadió Robles.
FESPAD no descartó la posibilidad de buscar mecanismos legales para “atacar” el proceso, con lo que se sentaría un precedente para evitar que en próximas elecciones ocurran situaciones similares.
