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Titulares de FESPAD, sugieren al presidente electo a que elija funcionarios probos y retomar programas o políticas sociales del actual gobierno, por lo que también demandan a que el gabinete de seguridad sea integral, profesional e inclusivo. Foto Diario Co Latino/Diana Valle

FESPAD: Demanda gabinete de seguridad profesional e inclusivo

Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino

No ser pariente del Presidente de la República, dentro del cuarto grado de consaguinidad y no ser concesonario del Estado, para la explotación de riquezas nacionales o servicio públicos”, reiteró Dina Martínez, de FESPAD, al citar los requisitos mínimos del nuevo funcionariato que juramenta el próximo 1ro de junio.

“El perfil para titulares de instituciones vinculadas a la seguridad pública y la reducción de la violencia, deben cumplir requisitos mínimos, como la moralidad e instrucción notoria, contar con un finiquito de la Corte de Cuentas de la República (si hubiera administrado fondos públicos) y no ser deudor moros de la Hacienda Pública y Municipal”, afirmó.

A treinta días, para tomar posesión para un nuevo quinquenio en la historia de El Salvador, el presidente electo, Nayib Bukele, aún mantiene en incertidumbre a la población y organizaciones sociales, jurídicas y derechos humanos, como la Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho (FESPAD), que sugirió al nuevo gobernante elegir funcionarios probos y retomar programas o políticas sociales del gobierno actual.

Como FESPAD, Dina Martínez, señaló la importancia que los nuevos funcionarios y funcionarias, cuenten con conocimientos competente en materia de derechos humanos y cultura de paz. Así como, derecho constitucional y del marco jurídico internacional de protección de derechos humanos.

Asimismo, pidieron experiencia en procesos de prevención de violencia en todos sus niveles, análisis de estrategias de seguridad pública y conocimiento de los resultados del Plan El Salvador Seguro.

Saúl Baños, director ejecutivo de FESPAD, manifestó sobre la violencia delincuencial de país, denota una “crisis de inseguridad”, pero reconocieron que existen avances palpables, que para algunos no han sido suficientes, pero las cifras tienden a la baja, a excepto del presente mes, que se ha elevado el número de homicidios.

“Las cifras como indicadores nos dan una visión clara y precisa,  y son alarmantes, porque estamos hablando que en 18 años, hubo 67 mil 947 homicidios y de 2009 a 2019, 40 mil 647 homicidios. Sabemos que el año 2015, fue el que tuvo mayor repunte en homicidios y que ahora, hay una reducción, lo reconocemos”, sostuvo.

En cuanto a la integración de los titulares de las carteras de Estado, Baños, señaló como importante la perspectiva de género, que permita la inclusión en estos cargos, que podría generar “un giro interesante” , como en los casos de “feminicidios”, y ciudadanizar más, las entidades a favor de la población salvadoreña.

“Es positivo también, el diseño, formulación y  la ejecución del Plan El Salvador Seguro, y sus cinco eje. Y por eso, como miembros del Consejo Nacional de Seguridad Nacional y Convivencia Ciudadana, consideramos y opinamos que se debe mantener el consejo pero darle otro nivel y elevarlo una escala más. Como un carácter más vinculante, con lo que se da dentro del Consejo, y creemos también, que fue un error haber suprimido las mesas temáticas, que dieron pie a la construcción y diseño de las políticas y al consejo mismo, eso permitía ampliar la participación de otros actores y sectores de la población, permitía cierta sectorialidad, al llevar al terreno la atención que desde el Estado se hace en materia de seguridad”, subrayó Baños.

Sobre el alcance del Plan El Salvador Seguro, sugirieron que se debería  incrementar a más de cincuenta municipios, en este próximo quinquenio, a fin que esas poblaciones sean atendidos en sus territorios, a través del Plan El Salvador Seguro.

“Por supuesto, la operatividad del Plan El Salvador Seguro, debe contar con el incremento sustancial del presupuesto, para que permita implementar lo que se ha diseñado en el plan. Además de la intervención de otras instituciones estatales como la Asamblea Legislativa, que tiene que ver con la asignación presupuestaria y también el órgano judicia, organizaciones independientes como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la  Procuraduría General de la República y por supuesto la Fiscalía General de la República”, consideró. FESPAD, consideró en su pronunciamiento que los requisitos mínimos establecidos en la Constitución de la República, se encuentran “bastante difusos y no están desarrollados en la legislación secundaria”. Por tanto, como organización jurídica y de defensa de los derechos humanos,  retomaron la tarea de desarrollar algunos requerimientos y puntos sensibles como la Instrucción y moralidad notoria.

“De hecho hay una expectativa desde la ciudadanía, porque todos desconocemos los nombres de funcionarios del gabinete en general, el presidente (Nayib Bukele) ha dicho que lo dará a conocer en mayo, pero mayo tiene 31 días y por eso, no sabemos cuándo lo hará y por eso consideramos oportuno, dar nuestra opinión como institución que viene trabajando en el tema de seguridad y por lo mismo nos interesa mucho a quienes designaran”, puntualizó.

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