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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
“Tren del Pacífico” es uno de los proyectos a impulsar por el Gobierno en los próximos días, cuyo propósito es rescatar el tren como medio de transporte, con una etapa inicial en la ciudad de La Unión y que cruce el país completo hasta el Puerto de Acajutla; por el momento, están en evaluación las zonas por donde pasará y se trabaja en encontrar los terrenos seguros y reubicar a las familias que podrían resultar afectadas por vivir en los tramos donde se construirá la obra ferroviaria.
Michelle Sol -ministra de Vivienda- afirmó que la idea del Tren del Pacífico es dar un impulso económico, en ningún momento estas comunidades quedarán fuera del proyecto; asegura que se les dará su escritura cerca del lugar donde viven o una zona donde estén seguros, garantizando la seguridad jurídica de sus terrenos.
“El Tren del Pacífico es un gran proyecto que se avecina, esto representa una fuente de oportunidades de empleo y desarrollo para las familias de las líneas férreas, yo les puedo garantizar que nadie de los que ya están registrados serán desalojados. Tenemos el compromiso de entregar las escrituras a las familias que por décadas han vivido sin un título de propiedad a la orilla de la línea férrea”, señaló Sol.
Francisco Aragón, representante de la Mesa Nacional de Línea Férrea, dijo que no se oponen al proyecto, pero pidió pensar en las familias que pueden ser afectadas, pues son de escasos recursos. Se estima que 9,714 familias habitan en la línea férrea en cinco departamentos del país, que podrían ser afectadas por proyectos del Ejecutivo, quienes están amparados en el Decreto Legislativo 289, por lo que pidieron la entrega de las escrituras de propiedad, que por ley les corresponde.
Mientras tanto, Mauricio Lovo, presidente de la comunidad San Francisco, de Ciudad Delgado, hizo un llamado a las autoridades para agilizar los trámites de escrituración de los terrenos que habitan sobre la línea férrea, porque aparecen como beneficiarios en el decreto 289. Hay familias que tienen cerca de 35 o 40 años de vivir en los tramos ferroviarios.
Ante esta situación, la ministra de Vivienda manifestó que por la emergencia de COVID-19 el proceso de escrituración tuvo un retraso; además, dijo haber encontrado ciertas limitantes porque al decreto no le dieron el respaldo debido, pues se necesitaba un estudio previo para garantizar que las familias van a estar seguras.
“No podemos legalizar terrenos que estén a la orilla de un barranco, al filo de la muerte, estamos considerando qué hacer para que no se sientan preocupados o piensen que esto se va a detener; nuestra prioridad no solo es brindar certeza jurídica, sino mejorar de forma integral las condiciones de vida de las familias. Vamos a brindar seguridad jurídica a las familias con un proceso ordenado, priorizando los municipios del oriente del país y luego el resto de zonas”, recalcó la funcionaria.
En el último año se han entregado más de 2,700 escrituras de propiedad a familias que habitan sobre los 551 kilómetros de línea férrea, que atraviesan 10 departamentos y 44 municipios del país. Cada escritura significa una inversión de $500 por parte del Gobierno.
