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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“El Bloque de Búsqueda se formó debido a la falta de respuesta de las autoridades, no soy un rostro político. Yo le habló como cualquier madre que tiene una persona desaparecida”, expresó Eneida Abarca, al denunciar el abandono en que se encuentran por parte de las autoridades responsables de encontrar a sus familiares.
“Las madres de los desaparecidos estamos realizando nuestras propias búsquedas. Las autoridades nos tratan con indiferencia e irresponsabilidad, aquí hay un denominador común de todas las madres, los fiscales nos bloquean vía WhatsApp, y también los investigadores (Policía Nacional Civil)”, agregó Abarca.
Eneida, hace 5 días, lanzó individualmente la campaña ¿Dónde está Carlos?, luego de 8 meses sin avance en la investigación de la desaparición de su hijo de 22 años. Este hecho ocurrió el 1 de enero de 2022, en la Colonia Monserrat, cuando salió a trotar a las 9 de la mañana como era su rutina.
“Llevamos 8 meses de una búsqueda muy dura, hemos subido en redes sociales nuestro trabajo de jornadas diurnas y nocturnas, desde nuestro presupuesto, cuando el Estado tiene todas las herramientas y mayores fondos”, agregó.
“Le cito el caso, el 29 de julio, con el asesinato de policías en Santa Ana, me di cuenta que pusieron todas las medidas y hasta drones y otras herramientas, entonces, me pregunto ¿Por qué si hacen eso con los policías porque no lo hacen con nuestros casos?, esa es una prueba que lo pueden hacer”, señaló Abarca.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, las organizaciones ASDEHU, Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador, JADE, Red Internacional de Promotores ODS y FESPAD instaron al Gobierno generar los mecanismos y marcos jurídicos para atender la problemática y atender las recomendaciones de las Naciones Unidas (ONU), ante el incremento de personas víctimas de la desaparición forzada en el mundo.
En cuanto a la situación de El Salvador, Abarca señaló que hablar de esta problemática los remite al conflicto armado de la década de los años ochenta, que registra alrededor de 8 mil personas desaparecidas de manera forzosa por agentes del Estado y grupos paramilitares que no han sido atendidas en más de dos décadas.
Mientras, en la actualidad, diversas denunicas de desaparición de personas son contidiana. Los responsables son grupos pandilleriles y personas civiles, que ejecutan estos delitos amparados en la alta impunidad.
“En el año 2021 entre los meses de enero a octubre se reportaron 1,555 personas desaparecidas. Y para los cinco primeros meses del presente año, la Policía Nacional Civil recibió 557 casos de personas desaparecidas”, indicó.
Y pese a los mecanismos que ha creado el ramo de seguridad del Estado salvadoreño, como en el año 2018 que aprobó la “Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas” y el “Protocolo de Acción Urgente para la Búsqueda de las Personas Desaparecidas en El Salvador (PAU)” , que sumadas a las reformas al Código Penal (2019) que incorporó el delito de “desaparición de personas cometido exclusivamente por particulares”, y la Fiscalía General de la República por su parte creó la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, consideró, Abarca como acciones positivas, pero aún insuficientes para salvaguardar la integridad de los habitantes.
Para Kerlin Belloso, abogada de FESPAD, no hay una respuesta concreta desde el Estado a los familiares que buscan a sus seres queridos.
“Este 30 de agosto lanzamos la campaña -Exijamos Justicia por Nuestras y Nuestros Desaparecidos- que será lanzada en redes sociales y páginas de las organizaciones que suscribimos la campaña para que, cualquier persona que tenga un familiar desaparecido y se haya reportado a la PNC. Fiscalía o Medicina Legal”, informó.
“Nos pueden hacer llegar la fotografía y sus datos personales, fotografía y otros requisitos que será por medio de correo electrónico o WhatsApp, enviar la fecha de desaparición y el contacto de la persona responsable para poder contactarla y la referencia de la denuncia Fiscalía o Policía Nacional Civil”, acotó Belloso.
La idea de las organizaciones de derechos humanos es que a finales del próximo mes de octubre se tengan todas las fotografías de esta campaña, para elaborar dos libros de personas desaparecidas. El primero será para entregarlo a la Fiscalía General de la República, para exigir una respuesta y den cuenta de las investigaciones.
El segundo libro será entregado a la Asamblea Legislativa, para exigir las demandas del Bloque de Búsqueda y las organizaciones de derechos humanos, con el fin de que la legislatura al ratificar instrumentos internacionales de protección a personas desaparecidas sea primordial un sistema de búsqueda de estas personas siendo diferente a la persecución penal que se realiza en la actualidad.
“Creemos importante un Banco de ADN (genético), lo hemos venido diciendo las madres y familias -lo han dicho- que se pueda establecer este banco que permita dar con el paradero de sus seres queridos”, acotó.
Y agregó “si bien es cierto que los instrumentos internacionales reiteran la importancia que el Estado debe buscar a sus desaparecidos en primer momento con vida. Aunque hay familias que por el tiempo transcurrido desde la desaparición consideran que ya no están con vida, quieren dar con sus restos para realizar el tratamiento religioso de cada persona”, reafirmó Belloso.
Las organizaciones de derechos humanos y familiares solicitaron la creación de normativas pertinentes en dicha materia, particularmente la emisión de una ley para la búsqueda de personas desaparecidas, atención y reparación a sus familiares, así como la suscripción y ratificación de instrumentos como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional de Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
