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Saúl Méndez
Colaborador
A 40 años del terremoto del 10 de octubre de 1986, la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR), organizaciones y sectores vinculados a la gestión del riesgo, advierten sobre la persistencia de las condiciones de vulnerabilidad en El Salvador y llaman a fortalecer las políticas públicas de prevención, la seguridad habitacional y la preparación de las comunidades ante desastres.
En el pronunciamiento, denominado “Memoria, Dignidad y Acción Prospectiva: A 40 Años del Terremoto del 10 de octubre de 1986 en El Salvador”, se destacó la necesidad de recordar a las víctimas de la tragedia y reconocer la solidaridad de la población, los voluntarios, el personal de salud y los equipos de rescate que trabajaron para auxiliar a los afectados.
El terremoto ocurrió el 10 de octubre de 1986, a las 11:49 de la mañana, con una magnitud de momento de 5.7 e intensidad IX en la escala de Mercalli. El sismo, originado a 5.4 kilómetros de profundidad bajo San Salvador, dejó entre 1,530 y 2,000 personas fallecidas, más de 10,000 heridas y cerca de 200,000 damnificadas, según las cifras citadas en el documento.
La MPGR explicó que las consecuencias del desastre estuvieron relacionadas con el movimiento sísmico y con las condiciones sociales y habitacionales de la época. Entre los factores identificados figuran las deficiencias en la planificación urbana, la falta de diseños sismorresistentes y el colapso de edificios que habían sido declarados inhabitables después del terremoto de 1965.
Asimismo, advirtió que las familias de escasos recursos enfrentaron mayores dificultades para acceder a viviendas seguras, una situación que incrementó su exposición a los efectos del sismo.
La organización también alerta sobre los riesgos que persisten en el territorio nacional, y de acuerdo con los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el 63 % del territorio salvadoreño enfrenta una amenaza sísmica alta o muy alta, mientras que más del 70 % de la población, cerca de cinco millones de personas, está expuesta a esta condición.
La interacción entre las placas tectónicas, la presencia de la cadena volcánica y las características topográficas del país, que favorecen los deslizamientos, configuran un escenario de riesgo permanente que requiere medidas de prevención y planificación territorial.
Según las cifras oficiales, el 86 % de las pérdidas económicas ocasionadas por desastres en El Salvador está asociado directamente a los terremotos. Además, el 40 % de las muertes vinculadas a desastres corresponde a estos eventos, mientras que el 26 % está relacionado con deslizamientos de tierra.
La MPGR estima que en los últimos 40 años se han perdido cerca de 2,800 vidas, principalmente a causa de los terremotos de 1986 y 2001. También alertó que las mujeres y la niñez suelen enfrentar impactos desproporcionados durante estas emergencias, debido a factores sociales, culturales y económicos.
Viviendas seguras y comunidades preparadas
En el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que se conmemora cada 13 de octubre, la MPGR retomó el lema para el 2026: “La resiliencia empieza en casa”, para destacar el papel de las viviendas como primera línea de protección ante una emergencia.
Entre las medidas propuestas figura la aplicación estricta de códigos de construcción sismorresistentes, la planificación del territorio con enfoque de riesgo y la garantía de que las viviendas sean espacios seguros e inclusivos.
Además, planteó la necesidad de fortalecer la preparación desde el entorno familiar y comunitario, mediante procesos de información, organización y capacitación que permitan a la población identificar amenazas y actuar oportunamente ante una emergencia.
La organización enfatizó que la participación activa de las comunidades y de la sociedad civil organizada es fundamental para que los planes de desarrollo y las estrategias de gestión integral del riesgo de desastres tengan resultados efectivos.
”A cuatro décadas de la tragedia de 1986, el llamado es a convertir la memoria de las víctimas en acciones concretas para reducir la vulnerabilidad, mejorar las condiciones habitacionales y reforzar la prevención como parte de las políticas públicas“, concluyó.
