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Redacción Nacionales
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Seis extranjeros acusados de tráfico ilícito de drogas fueron enviados a juicio por orden del Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, quien llevó a cabo una audiencia preliminar.
Los procesados son Carlos Alfredo C. M., Junior Alexander L. M. y Manuel Enrique de La R. G., originarios de Ecuador; y los mexicanos Fermín C. L., Félix José R. G. y Abel R. M., a quienes además se les atribuye el delito de posesión y tenencia.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados fueron intervenidos en octubre de 2024, a 420 millas náuticas de las costas salvadoreñas. Agentes de la Marina Nacional localizaron una embarcación tipo ecuatoriana que transportaba varios bultos.
Durante el operativo, una lancha mexicana se habría intentado alejar al detectar la presencia de las autoridades, pero fue alcanzada tras una persecución para realizar la inspección correspondiente. En la embarcación ecuatoriana se encontraron 1,551 kilogramos de cocaína, valorados en $38,992,380. Además, en la lancha mexicana se localizaron 19 gramos de marihuana y 6.8 gramos de cocaína.
El juzgado evaluó la oferta probatoria y, tras identificar elementos relevantes y pertinentes, ordenó la apertura a juicio, ratificando la detención provisional para los seis procesados.
Decretan detención provisional por portación ilegal de arma de fuego
Centros Judiciales de El Salvador informó que el Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana resolvió la apertura de la fase de investigación sumaria con detención provisional contra Mauricio Rubén D. P., por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el imputado fue capturado en flagrancia el 2 de octubre de 2025, al interior de una vivienda, ubicada en la cuarta calle poniente de Santa Ana Centro. Según las investigaciones iniciales, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaban un registro preventivo de allanamiento en la vivienda, como parte de una investigación relacionada con otro caso. Durante el procedimiento, localizaron un arma de fuego dentro de un archivero, y al consultarle al procesado, este no pudo acreditar la tenencia legal del arma.
En la audiencia, la jueza otorgó un plazo de 60 días para realizar las investigaciones correspondientes.
