Exigen cancelar licencias de mina Era Dorada y denuncian vulneración al derecho de consulta

Saúl Méndez

Colaborador

Colectivos ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil de Guatemala y El Salvador denunciaron que, mientras la empresa Aura Minerals avanza con el proyecto minero Cerro Blanco, ahora denominado Era Dorada, las autoridades guatemaltecas y representantes de la compañía han omitido informar a la población sobre los posibles impactos ambientales del proyecto extractivo que se desarrolla en Asunción Mita, Jutiapa, y que también representa una amenaza para cuerpos de agua en El Salvador.

También existen señalamientos sobre un presunto aval de las autoridades municipales al proyecto, pese a que la población local ha manifestado su rechazo al avance de la actividad minera en la zona.

Además, un informe publicado por la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN) sobre la Consulta de Vecinos de Asunción Mita, realizada en septiembre de 2022, revela un patrón sistemático de vulneraciones al derecho a la consulta libre, previa e informada.

Por ello, vecinos y vecinas organizados en la Resistencia Miteca, el colectivo Madreselva, Laudato Si’, la Iglesia Católica, ACAFREMIN, la Convergencia Democrática y la sociedad civil de Asunción Mita denunciaron la existencia de una “colusión” entre empresas extractivas nacionales y transnacionales, funcionarios públicos y altas cortes de Guatemala. Según señalaron, esta situación ha provocado la erosión del poder democrático de las consultas mediante su judicialización, obstaculización y veto.

“Con ello, niegan el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos, mientras se instrumentaliza la ley para transformarla en un mecanismo para el despojo y saqueo de los bienes comunes”, alertaron.

La lucha contra el proyecto minero Cerro Blanco tuvo uno de sus principales hitos el 18 de septiembre de 2022, cuando la población de Asunción Mita ejerció su derecho a la consulta y expresó su rechazo al proyecto.

“Un total de 8,509 residentes acudieron a las urnas para defender sus recursos hídricos ante la amenaza de la mina de oro Cerro Blanco, un proyecto propiedad de la empresa canadiense Bluestone Resources. De los participantes, el 87.9 % (7,481 personas) votó rotundamente en contra de los proyectos extractivos que amenazan su derecho al agua”, recordaron los ambientalistas.

“Esta histórica consulta detuvo las intenciones de instalar la minería a cielo abierto, lo que hubiera provocado un desastre ambiental debido a la sobreexplotación del agua superficial y subterránea”, añadieron.

En aquella ocasión también existía preocupación por una posible contaminación de la cuenca compartida Ostúa-Güija-Lempa, vital para más de 4 millones de salvadoreños que dependen de la agricultura, la pesca y el turismo. Además, advertían sobre el riesgo de fracturar el tejido social mediante desplazamientos forzados y generar daños irreversibles a los ecosistemas a causa del drenaje ácido de mina.

“La respuesta de los tomadores de decisiones no fue priorizar y proteger a sus ciudadanos ni al patrimonio natural; por el contrario, cooptaron las instituciones y alinearon los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para ponerlos al servicio de los intereses empresariales”, denunció la sociedad civil guatemalteca.

Los colectivos organizados también denunciaron una “guerra sucia” contra la comunidad de Asunción Mita.

“El caso de Asunción Mita revela los métodos y las agresiones diseñadas por la empresa Bluestone Resources e implementadas a través de su grupo fachada local, ‘Mitavanza’, así como por la firma global de relaciones públicas Llorente y Cuenca”, señalaron.

Según los colectivos y organizaciones de la sociedad civil, estas tácticas incluyeron manipulación mediática mediante campañas destinadas a contrarrestar la influencia de los grupos activistas, así como intentos de limitar la libertad de expresión mediante la censura de medios de comunicación críticos con el proyecto minero.

Además, denunciaron la compra de voluntades y supuestos intentos de cooptación mediante sobornos directos a líderes organizadores y compra de votos, prácticas que fueron documentadas el día de la consulta.

“Hubo intimidación y criminalización, campañas de difamación digital en páginas anónimas, amenazas de muerte y la apertura de demandas judiciales basadas en falsedades contra defensores ambientales”, revelaron.

El informe de ACAFREMIN también señala un presunto desmantelamiento del derecho a la consulta mediante recursos judiciales, lo que fue posible por la complicidad activa de sectores de las altas esferas del poder público, según colectivos.

“El gobierno central, encabezado en su momento por el expresidente Alejandro Giammattei e integrantes del denominado ‘pacto de corruptos’, operó de manera conveniente mediante fraude de ley, modificando reglamentos ambientales, como el Acuerdo Gubernativo 317-2019 del MARN, para favorecer a la minera. Finalmente, tras un año de un supuesto ‘estudio profundo’, la Corte de Constitucionalidad ignoró su propia jurisprudencia y emitió un veredicto erróneo de inconstitucionalidad que pretende sepultar la legitimidad de la consulta”, lamentaron.

Según los colectivos, la estrategia estaba orientada a “vaciar de significado” el poder de decisión popular en Guatemala, lo que afectó las tres modalidades de consulta existentes, entre ellas la Consulta Comunitaria de Buena Fe.

“Fue despojada de su fuerza legal tras ser declarada como ‘no vinculante’ por la Corte de Constitucionalidad. Y la Consulta a los Pueblos Indígenas, bajo el Convenio 169 de la OIT, ha sido manipulada por el Estado para favorecer a sectores empresariales y negar sistemáticamente el derecho de veto de los pueblos, a decir ‘NO’”, detallaron los colectivos.

También alertaron sobre afectaciones a la Consulta Municipal de Vecinos:

“Sobre esta, la Corte de Constitucionalidad declaró que los resultados no son vinculantes, actuando en contra de su propia jurisprudencia y a pesar de que esta consulta está plenamente amparada por el Código Municipal”, explicaron.

Ataques al derecho a la consulta en Guatemala

Según informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el 80 % de los conflictos socioambientales en Guatemala involucran violaciones directas a los derechos humanos.

“A lo largo de los años, diversas comunidades, pueblos indígenas y mestizos han visto cómo sus procesos de consulta han sido saboteados mediante la interposición de amparos y acciones de inconstitucionalidad, con la certeza de que las cortes emitirán fallos favorables al capital privado. En comunidades como El Estor, Río Hondo, San Rafael y San Juan Sacatepéquez, aumenta el acoso sistemático mediante la agresión y la criminalización, una estrategia jurídica planificada por los poderes fácticos de la corrupción en defensa del modelo extractivo”, alertaron los colectivos ambientalistas.

“A pesar de la ofensiva estatal y empresarial, que hoy continúa en Asunción Mita tras favorecerse la compra de los derechos mineros de Cerro Blanco a favor de Aura Minerals (Era Dorada), las comunidades, pueblos y organizaciones que defendemos la tierra y los bienes comunes entramos en una nueva fase de resistencia ciudadana”, informaron.

Exigencias de las comunidades y colectivos organizados

Los colectivos y comunidades organizadas de Guatemala exigieron al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) la cancelación inmediata de la licencia ambiental de un proyecto que consideran “engendrado por la corrupción estatal”.

“En 17 años, este proyecto no pudo extraer oro debido a un pésimo e irresponsable Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Para su aprobación, tuvieron que despedir al equipo de gestión ambiental que lo rechazó en dos ocasiones en 2005, logrando que fuera avalado ilegalmente en 2007 durante el gobierno de Óscar Berger”, afirmaron.

También exigieron al Ministerio Público de Guatemala que investigue y persiga penalmente a los funcionarios y exfuncionarios que han contribuido a exponer a las poblaciones de Guatemala y El Salvador a graves riesgos para la salud y el derecho a un ambiente sano, debido al aumento de la contaminación por arsénico en las fuentes de agua y quebradas que tributan a la cuenca del río Ostúa.

“Esto incluye a la Municipalidad de Asunción Mita que, traicionando la voluntad soberana de los mitecos al otorgar una licencia de construcción y negarse a brindar información sobre los impactos futuros, muestra un claro desprecio por sus vecinos”, manifestaron.

Además, demandaron al Ministerio de Energía y Minas de Guatemala cancelar la licencia de explotación minera que las autoridades de esa cartera mantuvieron vigente de forma presuntamente ilegal, pese a que la empresa nunca extrajo oro ni tributó al Estado, incumpliendo y manipulando los reglamentos.

“Todo esto se hizo para mantener los privilegios de Entremares S.A., Goldcorp, Bluestone Resources y, ahora, Aura Minerals, corporación que cambia el nombre de Cerro Blanco a ‘Era Dorada’ para ocultar el olor a corrupción y su historial de crímenes cometidos en otras partes del mundo”, aseguraron.

Por otra parte, exigieron al presidente Bernardo Arévalo que respete, cumpla e implemente los convenios destinados a garantizar la protección de la ciudadanía guatemalteca.

“Asimismo, le exigimos la ratificación del Acuerdo de Escazú, una acción urgente y necesaria para afirmar los derechos de acceso a la información y a la consulta libre, previa e informada, resguardar el patrimonio natural y terminar con la conflictividad socioambiental y la persecución a defensores de derechos humanos provocada por la ambición, la codicia empresarial y el desprecio por la vida de las comunidades”, concluyeron.