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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Este es un nuevo intento de intimidar al periodismo que ha demostrado que la corrupción no es potestad de la izquierda o la derecha; también de los que se vendieron como algo diferente”, manifestó César Castro Fagoaga, nuevo presidente de la APES, en reacción a las denuncias del abuso de funcionarios públicos contra el gremio periodístico.
La Mesa de Protección a Periodistas, integrada por la APES, PDDH, FESPAD, MPCTI, ARPAS y la UCA, se pronunciaron públicamente ante lo que consideran “vulneraciones a la libertad de prensa” cometidos por funcionarios y empleados púbicos que irrespeta las garantías para ejercer el periodismo en El Salvador.
Castro Fagoaga presentó un resumen de tres denuncias puntuales de actos de violencia contra periodistas en las últimas 72 horas. Estos son el caso del reportero Luis Muñoz, Canal 33, ocurrido el 5 de julio, cuando cuestionó al magistrado Oscar López Jerez, nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Oscar López Jerez llamó -periodista de mentalidad pobre- a Luis Muñoz, por la pregunta que hizo sobre la relación de López Jerez y el exfiscal Luis Martínez, condenado por corrupción -refiriéndose- al año 2014, cuando López Jerez utilizó su influencia con el exfiscal Martínez, para burlar una investigación penal por evasión de impuestos”, reveló Castro.
Aclaró que la intención es “desviar la atención” de temas más relevantes como, el destino de fondos millonarios, el gasto del Ejecutivo y los casos de corrupción que se publican por investigaciones periodísticas, que es el aporte principal de los medios de comunicación en un Estado de Derecho.
“Nosotros creemos que la población debe conocer el pasado del magistrado que ha sido impuesto a dirigir la institución que reparte o debería administrar la justicia en el país”, consideró.
Mientras, los otros dos hechos registrados el 7 de julio, Castro Fagoaga, calificó de “casos muy graves”. El primero referido a la expulsión del periodista mexicano Daniel Lizárraga, editor general del periódico El Faro, que ayer por la mañana salió del país. Pese a que su permiso le permitía partir a finales del presente mes.
“El gobierno de (Nayib) Bukele le dio cinco días para abandonar el país, porque – Migración- según declaraciones de Carlos Dada, fundador de El Faro, Daniel Lizárraga no pudo acreditar que era periodista. Cuando es uno de los periodistas y maestro más reconocidos de América Latina, formador de periodistas en todo el continente”.
“El argumento esgrimido es ridículo y no es la razón de su expulsión; sino el acoso permanente que tienen contra varios medios de comunicación entre ellos, El Faro, y otros medios que han denunciado casos de corrupción del actual Gobierno”, reiteró Castro.
El tercer caso y la segunda del 7 de julio es la agresión física contra el periodista de El Diario de Hoy, Jorge Beltrán Luna, a manos de un subinspector de la Policía Nacional Civil, que estimó Castro Fagoaga, una acción “cobarde” del agente policial.
“Este es un hecho totalmente repudiable y es inaceptable que la PNC cruce una línea roja al agredir a los periodistas, nada absolutamente nada justifica que un policía agreda a un ciudadano o periodista”.
“Y ante el silencio del director de la Policía Nacional Civil (Mauricio Arriaza) y el silencio institucional de la Inspectoría de la PNC, sienta un precedente a seguir, la policía sigue en caída libre en un intento de limitar el trabajo periodístico para mantener intacta esa burbuja de propaganda y lamentable la policía se ha partidizado”, declaró.
Loyda Robles, de FESPAD, llamó a prestar atención al contexto actual de país, el tratamiento que están aplicando contra la población civil organizada. Y asumir que no se tratan de casos aislados los abusos de poder, sino que, una dinámica de acción de parte de las autoridades de Estado, desde el presidente Nayib Bukele, luego los funcionarios de alto nivel que le secundan y, otras instituciones.
“La Asamblea Legislativa ha creado una comisión que investiga a las organizaciones de sociedad civil y les está dando un tratamiento igualitario; cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional ha hecho recomendaciones al Estado a no dar el mismo tratamiento. Que deben investigar y realizar estudios para identificar el sector específico de que pudieran ser vulnerable al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, pero esta acción del Estado, lo realiza para desprestigiar la labor de las organizaciones de defensa de derechos humanos”, acotó Robles.
“La agresión física en el caso del periodista de El Diario de Hoy, es generada directamente del discurso antiprensa, el discurso antimedios, que ha venido institucionalizando la narrativa gubernamental”, dijo, Leonel Herrera, de ARPAS, al observar que el comportamiento del subinspector Martínez, obedece a sentirse avalado y autorizado por el discurso del director de la PNC, el ministro de Seguridad y Justicia y del mismo presidente de la República.
“No es un caso desconectado de causales mayores, sino consecuencia directa de esta narrativa del gobierno de descalificar, estigmatizar al sector crítico de la prensa que está cumpliendo con el rol que le toca al periodismo en cualquier lugar del mundo. Informar sobre los problemas que pasan y afectan a la gente, informar sobre el comportamiento frente a estos problemas que las autoridades deben responder”.
Herrera agregó que ya se había advertido que podría pasar luego del discurso permanente de estigmatización a periodistas y medios de comunicación, previendo que iba a pasar a la violencia física, luego de ataques en las redes sociales.
“El propio presidente de la república (Nayib Bukele) en cadenas nacionales ha estigmatizado a periodistas y medios de comunicación; sino se para esto, lo que ha pasado con Jorge Beltrán, pronto no solo serán periodistas golpeados, sino asesinados y queremos advertir seriamente sobre este peligro”.
“Lo que está atrás de estas agresiones es un intento del gobierno de evitar que el periodismo desmienta narrativas que son falsas. Que el periodismo ponga en evidencia ante la sociedad problemas que están siendo negados por el gobierno. El caso de Jorge Beltrán, sobre un hecho de violencia, un asesinato, que desmiente la narrativa que ha instaurado el gobierno, de la disminución de asesinatos y minimizar las desapariciones”, expuso Herrera.
Beatriz Campos, de la PDDH, afirmó que han abierto expediente de investigación de oficio, sobre los casos de la agresión contra Jorge Beltrán (EDH) y de la expulsión de Daniel Lizárraga (El Faro), ya que están ante una presunta vulneración de derechos de ambos periodistas.
“Hemos activado directamente a las unidades de control interno de la PNC, porque tenemos un mesa de diálogo interinstitucional que nos permite tener acceso inmediato a las unidades de control de la policía que son la que internamente investigan y el secretario de responsabilidad profesional, mandó una comisión de la unidad de control interno para investigar a esta persona que agredió al periodista y daremos seguimiento al caso”, puntualizó.
